Un multimillonario fraude contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) quedó al descubierto luego de que médicos, sicólogos y kinesiólogos, usaran los RUT de pacientes para sacar bonos y así cobrar por atenciones de salud que nunca sucedieron. Son cerca de 8 mil millones los defraudados.

"Qué raro, si yo no he sacado bonos", fue la respuesta de Cristián Vidal, cuando quiso atenderse y le dijeron que había alcanzado el límite máximo de bonos, descubriendo así que su RUT había sido utilizado por médicos que llevaron a cabo este fraude.

Lo defraudado por profesionales de la salud supera los 8 mil millones 112 millones de pesos luego de haber utilizado datos de personas sin su consentimiento. Entre los más afectados, están personas de Pedro Aguirre Cerda, Independencia, Providencia, Santiago, Colina, Conchalí, Lo Espejo, Puente Alto y Maipú.

La cirujana Paulina Carrasco Godoy es una de las funcionarias de salud implicadas en este caso. Acumuló 6 mil millones de pesos en consultas durante un año, lo que causó sospechas.

Fabiola Cariaga y su madre fueron parte de los afectados luego de que usaran sus datos de manera indebida. Incluso, las visitó la PDI luego de que en las consultas aparecieran sus nombres por consultas que jamás sucedieron. Ella, junto a otras 64 personas, también fueron defraudadas por esta doctora.

La fiscal adjunto María José Aguayo explica un poco más cómo llevaban a cabo este fraude: "Se ingresaba el rut de uno de estos 66 beneficiarios, se ingresaba la prestación o las prestaciones que permitía el sistema y, luego, mediante un sistema automatizado, ella recibía en sus productos bancarios este monto por apoyo que da Fonasa a las prestaciones médicas realizadas".

Luego de haberse atendido una sola vez, Fabiola dice que en el sistema aparecían al menos 10 prestaciones más, las cuales jamás sucedieron. Sin embargo, el fraude acabaría para Carrasco: posteriormente, fue detenida por la PDI y sacada esposada de su departamento. Actualmente, está privada de libertad a la espera del juici.

Uso de sus datos personales

Cristián Vidal también fue víctima de estos fraudes. Él padece el síndrome de Bardet-Bield, una de las enfermedades consideradas "raras" y que debilita sus órganos y sus articulaciones. Por ello, cuando vio un operativo cerca de su casa en Pedro Aguirre Cerda de kinesiólogos, no dudó en ir.

Lo atendieron, pero lo que le resultó raro, es que le retuvieron el carnet en lo que duró la atención. Luego, tiempo después, fue hasta la salud privada para atenderse y gran sorpresa fue cuando le negaron la compra de los bonos.

"Había una lista de bonos, en total, eran 37. Investigué los rut y aparecían a nombre de dos mujeres. Las kinesiólogas que me atendieron", las que estaban a cargo de Luis Astudillo, el conocido "doctor del pueblo", alcalde de Pedro Aguirre Cerda, y hoy querellante en contra de quienes resulten responsables por esta causa.

Al darse cuenta, Vidal dice que "no pude sentir otra cosa más que rabia e impotencia, sobre todo, porque abusaron de ancianos y gente discapacitada. Eso ya es algo innombrable".

Caso similar fue el de Cecilia Riquelme, aunque en otro contexto, sucediendo en Talca. Yendo a una entrevista de trabajo en un banco, le pidieron ingresar su huella, a lo que "en ese momento, nunca me llamó la atención. Dije, debe ser algún sistema interno", cuenta ella.

Lamentablemente, sus datos personales quedaron en poder de MEDITALK SPA. Fue así como emitieron bonos a nombre de ella y a otras 3541 personas, según consta en la causa abierta por el Ministerio Público.

Versión de los médicos y abogados

Uno de los sicólogos, quien se mantuvo en el anonimato, entregó su versión de los hechos, diciendo que un amigo de la universidad lo contactó para armar un grupo de profesionales de la salud mental "para hacer procesos de selección".

Asimismo, dice también haber sido parte del engaño, ya que usaron su RUT para que los bonos estuvieran a nombre de él como médico: "Con los datos míos, más los datos de estas chicas lo que él hizo fue, en el fondo, cobrar atenciones sicológicas que nunca se efectuaron".

Por su parte, Jaime Valenzuela, abogado de las kinesiólogas implicadas en este fraude, dice que es "imposible" haber llevado a cabo este fraude: "Voluntariamente, abrimos el secreto bancario, mis clientas fueron investigadas en sus cuentas corrientes. Se logró acreditar que es imposible que hayan estafado con miles de millones de pesos, porque el sistema no lo permite. O sea, sistemáticamente, es imposible ejecutarlo".

Sobre el dinero, todo fue lavado a través de compra de vehículos y compras de terrenos en Chillán, además de que sus hermanos se encargaban de blanquearlo. La cirujana Paulina Carrasco pretendía la construcción de un hotel. Al ser incautado por la PDI, se permitió recuperar el 75% de lo robado. 

La fiscal María José Aguayo, da detalles de la implicancia de los hermanos de Carrasco en este caso: "Lo que hacen los imputados por los delitos de lavado de activos y, en este caso, lo hacía esta doctora, es hacer perder el rastro del origen de estos ilícitos".

A ello, agrega: "De esta manera, llevaba estas tres cuentas corrientes de titularidad de esta doctora y la doctora diversificaba entre distintos productos financieros de su titularidad. Además, la imputada usó la figura de los testaferros y, en este sentido, usó como testaferros a sus hermanos".

Fonasa y su responsabilidad

De todo el dinero defraudado, 2 mil 238 millones 906 mil 976 pesos fueron pagados solamente en la región Metropolitana por atenciones que jamás se habrían realizado.

Entre otros datos entregados por la Contraloría, en enero y septiembre 2020, Fonasa pagó 7.704 bonos de atención de salud emitidos por 8.757.632.797 por atenciones de salud otorgadas a beneficiarios que ya habían fallecido al momento de su emisión.

"Ahora, por supuesto, que Fonasa ha estado reevaluando sus proceso internos, incluso hubo responsabilidades administrativas. Nosotros representamos el interés de Fonasa, pero es importante evitar que esto vuelva a ocurrir porque, obviamente, las alertas debieron encenderse con anticipación, con anterioridad, para evitar el pago de más de 5 mil millones de pesos", señala Georgy Schubert, abogado procurador fiscal CDE de Concepción.