El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la creación de un Consejo Contra el Crimen Organizado en la Región Metropolitana, el que convocará a todas las instituciones del Estado ligadas a este tema, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Esta jornada se llevó a cabo un comité policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, encabezado por Monsalve, en compañía del alcalde Luis Astudillo, la Delegación Presidencial Metropolitana y representantes de las policías, donde acordaron y anunciaron la creación de este comité que se constituirá en las próximas dos semanas. 

"Vamos a convocar de manera permanente y regular a la totalidad de las instituciones del Estado, que como aquí hemos conversado con Carabineros, tienen un adversario común, que es el crimen organizado y que tienen que establecer espacios de trabajo, de coordinación para definir objetivos comunes y también tener estrategias comunes", explicó la autoridad de Gobierno.

Además, indicó que !a partir de la creación de este espacio, donde tiene que estar obviamente el Ministerio del Interior, la Delegación Regional Presidencial, pero también Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Servicios de Impuestos Internos, servicio de Aduanas, la unidad de análisis financiero, entre otras instituciones que juegan un rol que pueda permitir ser más eficaz en la lucha contra el crimen organizado".

"En el caso de la Región Metropolitana en particular -agregó-, nos interesa focalizar trabajo del conjunto de las instituciones del Estado en contra del narcotráfico, en las fiscalizaciones e incautación de armas, en el trabajo que hay hacer para combatir el comercio ilegal, y también queremos colocar un foco para poder prevenir y poder controlar y evitar la quema de buses". 

Finalmente, el subsecretario se refirió a que el principal sospechoso del asesinato del cabo David Florido fue liberado hace seis meses de la cárcel, pese a que el beneficio fue rechazado en una primera instancia.

"Creo que la delicada decisión de entregar beneficios carcelarios a personas que han cometido delitos tiene que estar de manera muy rigurosamente fundada y, por lo tanto, si las instituciones y los informes técnicos no recomiendan la liberación de una persona, esa persona no debería ser liberada y, por lo tanto, esto debe ser materia de revisión", sostuvo.