En el marco de la agenda de seguridad que ha impulsado la legisladora como la iniciativa que aumenta sanciones para quien atente contra las fuerzas de orden y seguridad (Carabineros, PDI, Gendarmería), este miércoles ingresó a tramitación una nueva medida, respaldada por otros 10 parlamentarios. 

Señalando que buscan responder a la principal preocupación de la ciudadanía, la Diputada Joanna Pérez encabezó la presentación de un proyecto de Ley que establece la colaboración de las empresas de telecomunicaciones para inhibir las señales de telefonía y telecomunicaciones en todos los recintos penitenciarios del país. 

“Las cárceles no se pueden tomar las calles. Las estadísticas indican que al año se requisan más de 250.000 teléfonos celulares desde cárceles y por eso estamos buscando que se cumpla lo que fue iniciado tiempo atrás, pero es más, avanzando hacia la exigencia a las empresas del sector telecomunicaciones a actuar como colaboradores del Estado para inhibir las señales telefónicas y de telecomunicaciones en las cárceles”. 

Además, el texto tipifica como delito el ingresar elementos prohibidos como celulares u otros aparatos eléctricos de comunicación. 

“Si el autor(a) del ingreso de un elemento prohibido fuera abogado, funcionario de Gendarmería o bien un funcionario público, nuestro proyecto establece sanciones de hasta presidio menor en su grado máximo y la suspensión del cargo u oficio”.

Apuntando a un distintos delitos que se realizan desde las cárceles, la parlamentaria DC finalizó señalando que “Sabemos que muchas bandas que operan en nuestras calles son lideradas detrás de las rejas y por eso hoy buscamos cortar esto de raíz. Este proyecto contribuirá a ese objetivo y esperamos el respaldo transversal para que no solo sea la voluntad de algunos parlamentarios sino que sea Ley”.