Firmar un finiquito, legalizar una fotocopia o traspasar un vehículo. Probablemente, todos hemos tenido que ir alguna vez a una notaría. También hemos tenido que esperar varios minutos a que sea nuestro turno, o que el notario vise nuestra firma. Pero también, muy probablemente, hemos pagado por los trámites mucho más del precio máximo que está permitido.

Si en abril de este año, por ejemplo, usted hubiese ido a una notaría a firmar un mandato general con escritura pública, le habrían cobrado en promedio unos $40.000. Sin embargo, si la notaría hubiese respetado el precio máximo fijado por el decreto del Ministerio de Justicia, no podrían haberle cobrado más de $2.500, es decir, el trámite le habría salido 16 veces más barato. 

¿Cuánto más cobran los notarios?

Desde 1998 rige un decreto del Ministerio de Justicia que fija el precio máximo que cualquier notaría puede cobrar por sus trámites. No es un valor de referencia, sino un límite de arancel que deben respetar todas las notarías. De hecho, la norma indica que el decreto debe estar publicado y visible en las oficinas notariales para que todas las personas puedan ver cuál es el precio máximo a pagar por cada trámite.

Mega Investiga analizó los precios de los 17 trámites más comunes en 65 notarías de todo el país y los comparó con aquellos que fija el decreto. Las conclusiones fueron claras: Casi ninguna de las notarías respeta el valor máximo. 

Hay trámites por los que cobran hasta 40 veces más que el máximo legal. Por ejemplo, la promesa de compraventa de un inmueble está fijada en el decreto en $3.000. Si usted quiere otorgarla por escritura pública, debería pagar $2.500 más, es decir, $5.500 como máximo. 

Ese precio no se respeta en casi ninguna de las 65 notarías analizadas. Una ubicada en la comuna de Lo Barnechea, por ejemplo, cobra $120.000 por el trámite, otra en Renca cobra $100.000 y una en Las Condes, $90.000. Solo dos de las 65 notarías cobran los $3.000 que el decreto fija: una en Temuco y otra en Puerto Montt.

Otro ejemplo: Si usted quiere firmar una declaración jurada de mudanza, puede llegar a pagar hasta $7.000, aunque ese trámite tiene un valor máximo por decreto de solo $500.

Los más ricos de Chile

La principal razón que dan los notarios cuando justifican por qué cobran más de lo que dice el decreto, es que esos valores no han sido reajustados desde 1998. 

“Las notarías se autofinancian, no reciben ningún recurso del Estado ni de nadie. En consecuencia, si una notaría no logra financiarse, va a empezar a tener conflicto y quizás ese conflicto lo lleve a ser poco riguroso en el ejercicio de la función”, explica Alfredo Martin, vicepresidente de la Asociación de Notarios.

Sin embargo, las notarías no parecen enfrentar una crisis de recursos. En 2018, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un Estudio de Mercado sobre Notarios. Con datos del Servicio de Impuestos Internos, allí se constata que los notarios del país recibían en promedio una renta de $14 millones mensuales, más que el Presidente de la República. Aquellos de Santiago Centro, incluso mayor: Sobre los $24 millones mensuales en promedio. 

El economista y académico, Claudio Agostini, quien colaboró con la FNE en ese estudio, explica que eso los deja en el 0,5% de personas más ricas de Chile. Y los que están ubicados en el centro de Santiago, en el 0,1%.

Para él, “lo razonable sería que ese decreto se reajustara por IPC, como se reajustan los sueldos”, pero advierte que el hecho de que el decreto no haya sido reajustado, no justifica que se cobren los precios detectados por Mega Investiga.

Veamos, por ejemplo, la legalización de una fotocopia. El decreto dice que deben cobrar máximo $500. Si se reajusta por inflación a 2018, el año del estudio de la FNE, los notarios podrían cobrar un máximo de $1.000. Sin embargo, hoy cobran en promedio $3.000. “No solo no están cumpliendo con la ley, sino que, además, si se reajustara, todavía estarían cobrando tres veces más de lo que les corresponde”, advierte Agostini.

Gobierno actualizará el decreto tras 24 años

Los últimos cuatro gobiernos han intentado reformar el sistema notarial, pero ningún proyecto ha logrado ser aprobado en el Congreso.

“Lo que han dicho los ministros de Justicia que han intentado tramitar estos proyectos, es que el lobby de los notarios es feroz y bloquean el avance. Las rentas que ellos obtienen de este negocio privilegiado, que no enfrenta competencia, son altas. Es por esto que ellos se niegan y se defienden como gatos de espalda, como cualquier monopolista defendiendo sus rentas”, asegura Agostini.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, coincide con Agostini en que el sistema notarial “es un ámbito donde existe un cierto monopolio, donde los precios se establecen sin ninguna fiscalización”.

- ¿Cómo mira usted que una notaría haga algo desapegado a la ley?

- Nos parece esencial hacernos cargo de estos abusos que puedan existir. Hay un decreto antiguo que no ha sido actualizado en los últimos gobiernos y nosotros vamos a actualizarlo.

El anuncio de la ministra debiese lograr que los notarios cobren menos por los trámites. Pero, ¿quién velará porque esta vez los aranceles sí se respeten? Son los jueces de las Cortes de Apelaciones los que fiscalizan a las notarías. ¿Lo han hecho hasta ahora? ¿Han sancionado a notarios por cobrar 10 ó 40 veces más de lo que fija el decreto?.

La ministra Ríos explica que el Poder Judicial "no tiene todos los recursos, todas las competencias para fiscalizar de manera profunda" el sistema notarial.  

Se consultó al Poder Judicial, pero aseguraron que ni ellos, ni los ministros visitadores, pueden referirse públicamente a ello.