Gremios empresariales expresaron su apoyo al requerimiento que el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, presentó ante el Tribunal Constitucional buscando una declaración de inconstitucionalidad de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el grupo radical mapuche que fundó Héctor Llaitul y que reivindica los ataques incendiarios contra empresas en regiones de Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.

Los gremios productivos de La Araucanía, entre ellos la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), manifestaron su apoyo al requerimiento de inconstitucionalidad presentada en contra de la CAM y otros grupos como Weichan Auka Mapu, Resistencia Mapuche Malleco y Resistencia Mapuche Lafkenche, organizaciones que desde hace años ejecutan acciones violentas en los sectores rurales del sur de Chile.

En requerimiento de Urquízar pide además al TC que oficie a una veintena de instituciones del aparato estatal para que remitan “toda la información disponible” relacionada con esos grupos, incluida la identidad de sus integrantes.

Andreas Köbrich, secretario ejecutivo de SOFO, sostuvo que “es necesario terminar y desarticular estos grupos violentos, que están fuera de la ley, por el inmenso daño que por años provocan a las personas y las familias que habitan y trabajan en el campo y en el mundo rural”.

La SOFO dio a conocer este lunes una declaración pública en la que asegura que “el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad histórica de actuar a tiempo y dar una respuesta a la violencia que se vive en esta zona. No le puede dar la espalda a los habitantes rurales de La Araucanía, pues el sector agrícola no se merece un trato desigual”.

“Esta acción judicial es urgente, ya que no se puede legitimar la violencia. Se debe aplicar todo el rigor de la ley a estos grupos guerrilleros para que no sigan atentando contra la vida de personas, familias y trabajadores, poniendo en riesgo nuestra libertad e institucionalidad democrática”, señalaron.

En la misma línea el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, sostuvo que es “sumamente importante que el Tribunal Constitucional, que es el organismo que tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de los grupos violentos que operan en el sur; efectivamente lo haga”.

“Estos grupos atentan contra las personas, atentan contra la democracia, cometen crímenes y provocan destrucción y han estado impunes por una falta de acción del Estado. Sería una señal significativa la declaración del Tribunal Constitucional en este sentido”, cerró el dirigente gremial.