Nacional
Crónica
Policial
04/08/2022
Marihuana, cocaína y sus derivados. Estas son sólo algunas de las drogas por las que deben ser testeados los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), de acuerdo a las normas que buscan prevenir el consumo de estupefacientes en la administración pública.
En julio de este año, Contraloría publicó un informe con los resultados finales de su auditoría a los procesos de prevención y control de consumo de drogas en la PDI entre enero de 2019 y junio de 2021.
El organismo contralor advirtió una escasez de muestras y descubrió que el primer año de la pandemia los test de drogas se aplicaron sólo a tres funcionarios, todos de rango bajo: un subinspector de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Talca, un subprefecto de la Bicrim de Chiguayante, y un subcomisario de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Valdivia.
En los dos años y medio estudiados por Contraloría, la PDI hizo sólo 153 test de drogas y ninguno fue aplicado a integrantes del alto mando institucional. Además, la selección de los funcionarios que debieron someterse al examen fue hecha por las jefaturas sin fundamentar el motivo, y no de forma aleatoria. En seis regiones del país ningún funcionario fue testeado en este tiempo.
Llama la atención que la PDI realiza test de orina de coloración manual, que no permite identificar LSD, anfetaminas, derivados de opiáceos ni otras drogas de síntesis.
Este tipo de examen tampoco detecta drogas estupefacientes o sicotrópicas que, como explica el informe, pueden “generar dependencia física o psíquica derivadas de Fentermina, como el Elvenir, Sentis u otro, que podrían estar siendo consumidos por los efectivos policiales sin las prescripciones médicas necesarias”.
Contraloría concluyó que la PDI no cuenta con políticas institucionales “para la prevención del Consumo de Drogas, ni ha levantado información sobre factores o condiciones que afectan la salud o desempeño laboral o que favorecen el consumo de estas sustancias'' entre sus funcionarios. Para el órgano contralor, todo esto afecta la posibilidad que tiene la Policía de detectar oportunamente el consumo de drogas en los funcionarios más expuestos al uso indebido de estupefacientes.
En dos años y medio, la PDI aplicó 153 tests de drogas a sus funcionarios en el marco del control de consumo de estupefacientes. De todos los funcionarios testeados, solo dos salieron “positivo” en el examen: un asistente policial de la Brigada de Investigación Criminal de San Miguel, que fue testeado el 2 de enero de 2019, y otro asistente policial de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Concepción, que se sometió al test el 20 de abril de 2021.
Llama la atención que los exámenes de orina para la detección del consumo de drogas se concentran exclusivamente en los funcionarios que ocupan rangos inferiores.
El informe de Contraloría muestra que “ninguno de los integrantes del alto mando institucional ha sido sometido a tal prueba”. Sin embargo, el decreto del Ministerio del Interior que regula el tema dice que “los Subsecretarios, los jefes superiores de servicio, los directivos superiores de los órganos u organismos de la Administración del Estado, hasta el grado de Jefe de División o su equivalente” deberán someterse a control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales. Según el informe final de Contraloría, esta indicación no se cumple en la PDI.
Esto suma relevancia si se considera que la ley N° 18.575 establece que "no podrá desempeñar las funciones de Subsecretario, jefe superior de servicio ni directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de división o su equivalente, el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico".
Casi la mitad de los test de drogas aplicados en este período se designaron a funcionarios de la Región Metropolitana. Fueron 64 exámenes tomados en enero de 2019 y ocho más entre abril y diciembre de ese año. Los datos muestran que desde entonces y hasta junio de 2021, no se testeó a ningún funcionario de la PDI de la Región Metropolitana.
Cabe destacar que no hubo ningún funcionario de la PDI en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, La Araucanía, Aysén y Magallanes que haya sido sometido a test de drogas en el período estudiado por Contraloría. Es llamativo que no se haya testeado a funcionarios de la quinta región, ya que según el informe Observatorio del Narcotráfico 2021 de Fiscalía, esta concentra la mayor cantidad de incautación de dinero por delitos de drogas, después de la Región Metropolitana.
Los 153 exámenes aplicados desde 2019, fueron tomados a funcionarios designados para ello de forma directa por una jefatura sin explicitar el fundamento o el motivo para pedir el control, segura Contraloría, aunque la norma indica que la selección debe incluir a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios y que se debe determinar de forma aleatoria.
En su informe final, Contraloría concluye que el hecho de que la PDI no cuente con los procedimientos, registros y controles que permitan asegurar que el test se aplique en forma aleatoria y en base a criterios objetivos e imparciales, “conlleva el riesgo de que no detecte oportunamente el consumo de drogas en grupos mayormente expuestos al uso indebido de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, y de una eventual discrecionalidad en la selección de los funcionarios a los cuales se les aplicará el test, lo cual podría afectar la transparencia y objetivo del proceso”.
A los 153 exámenes que estudió Contraloría, se agregan 911 test realizados en el contexto de postulaciones al Curso de Oficial Graduado en Investigación Criminalística y 86 pruebas a los aspirantes a la Escuela de Investigaciones Policiales. Como los postulantes estaban en conocimiento de que serían testados en medio de estos procesos, Contraloría explica que “no satisfacen la exigencia de aleatoriedad que define la normativa para el control del consumo de drogas” ya que no son imprevistos.
La misma PDI establece en su orden general N° 2.292 que el proceso debe ser supervisado por oficiales y el paramédico debe acompañar al examinado al baño para que no se manipule la muestra, además de “la prohibición del examinado de ingresar al baño de la dependencia con vestimentas o accesorios que puedan servir para ocultar contenedores con orina”. Sin embargo, Contraloría asegura que la PDI no tiene documentos que permitan acreditar que los oficiales policiales y el paramédico institucional supervisan las tomas de muestras.
Tras ser extraídas, estas muestras se mantienen a -10°C en un congelador de la Sección Química y Física del Laboratorio de Criminalística Central. La PDI actualmente no tiene un instructivo que regule la temperatura de conservación de los contenedores con orina, pero el Instituto de Salud Pública recomienda que para conservar las muestras durante semanas o meses se deben congelar a -20°C. Otro punto que la institución no está cumpliendo.
El informe enfatiza que la PDI tampoco tiene un sistema que resguarde la identidad de los uniformados sometidos a estas pruebas, “situación que expone a la entidad al riesgo que se divulgue información relacionada con el proceso de detección de drogas”.Según el decreto 1215, que regula las medidas de prevención del consumo de drogas en los órganos del Estado, la entrega de muestras debe ser en recipientes aptos e “individualizados mediante código que preserva el anonimato de la muestra, rotulados o precintados todo ello de acuerdo a estándares internacionales”.
La norma también establece que quienes efectúen los exámenes de laboratorio deberán desconocer la identidad de quien proporcionó la muestra, lo que según Contraloría no se cumple en la Policía de Investigaciones.
Entre los descubrimientos de Contraloría, se suma también el parentesco de funcionarios de la Policía de Investigaciones con los examinadores que realizan las pruebas de drogas. En total, se advirtió que 75 efectivos policiales tenían vínculos familiares con los encargados del testeo. Contraloría asegura que esto “podría representar el riesgo de que la comisión examinadora presente conflicto de interés respecto de los funcionarios a examinar restándole objetividad y transparencia al proceso”.
En el proceso de investigación, Contraloría observó la falta de una unidad especializada que prevenga el consumo de estupefacientes en la Policía de Investigaciones y poca regulación del tema. En consecuencia, y para subsanar las faltas advertidas, la PDI creó el 30 de marzo de 2022 la comisión técnica "Sistema de Prevención y Control de Consumo de Drogas en la PDI". Esta comisión deberá proponer un nuevo reglamento interno que prevenga y controle el consumo de drogas entre los uniformados.
No obstante, Contraloría también ordenó que se deberá aumentar la cantidad de test de drogas, basado en una “selección aleatoria, en base a criterios objetivos e imparciales”. Algunos de los factores a considerar para la aplicación de pruebas son: funcionarios que no han sido examinados, que cumplen labores relacionadas con detección de drogas, se encuentran en regiones con mayor índice de consumo de estupefacientes y las altas jefaturas.
Consultada la Policía de Investigaciones dijo que no se referirá al tema hasta dar cuenta a Contraloría de la implementación de las acciones que esta le ordenó en la auditoría. Para ello, la PDI tiene un plazo de 60 días hábiles.
