Cinco diputadas de Apruebo Dignidad -Ana María Gazmuri, Marisela Santibañez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardía- presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso debido al polémico test de drogas al que deben someterse luego de un cambio de reglamento aprobado por sus colegas.

En la acción legal, las diputadas acusan que la nueva norma vulnera sus derechos fundamentales -como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada- por lo que solicitaban "la dictación de la ley correspondiente que regule el control del consumo de drogas aplicable a los diputados y a las diputadas en ejercicio con pleno respeto de los derechos que emanan de la función parlamentaria y de su persona o, en su defecto, se retrotraiga el procedimiento".

El 25 de agosto esa instancia había declarado inadmisible el recurso, sin embargo, esta jornada -en segunda instancia- la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la decisión de la corte, indicando que "se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación".

La instancia votó por tres votos a favor, de Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Mario Carroza, y dos en contra de Jean Pierre Matus y Raúl Mera. Así, con esta resolución, la Corte de Apelaciones de Valparaíso tendrá que tramitar el recurso de protección pidiendo un informe a la Cámara de Diputados y luego, dependiendo de la carga de trabajo, ver el fondo de la acción judicial.

La diputada Gazmuri, quien aboga por la regulación integral del cannabis, aseguró a Emol que "nos asiste la certeza de que este reglamento, por sus particulares características, muy distintas a la que se aplica, por ejemplo, a los funcionarios públicos, vulnera derechos esenciales", aclarando que no están en desacuerdo con "la prevención y control del uso abusivo de sustancias (reguladas o no), sino con lo establecido en este reglamento, que es invasivo, de resultados públicos".

Asimismo, la parlamentaria agregó que la resolución de la Suprema "sienta un precedente de la seriedad con la que deben ser tratados los derechos fundamentales de las personas en el debate público y el ejemplo que debemos dar como parlamentarios respetando la dignidad de todas y todos los ciudadanos."