Se dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República (CGR) donde advirtió que en el programa “Gas + Barato” de la Municipalidad de Chillán Viejo se había beneficiado a más de cien personas que no pertenecían a los segmentos más vulnerables de la comuna, como establecía dicho subsidio municipal. Incluso, se favoreció a funcionarios municipales y a familiares de los asistentes sociales que estuvieron a cargo de seleccionar a los beneficiarios.

Esta no es la primera vez que Contraloría fiscaliza la entrega municipal de ayuda económica para subsidiar el precio del gas. En enero de este año, determinó que los municipios no podían vender ni distribuir gas de forma directa y tampoco a través de sus corporaciones, asociaciones municipales o fundaciones. Esto, dado que para que un municipio desarrolle actividades económicas, debe existir una ley específica que lo habilite para ello.

En mayo, el órgano contralor aclaró que sólo pueden dar el beneficio de gas más barato a través de programas de asistencia social que tengan focalización, por ejemplo, que se acredite que las personas estén en una situación de vulnerabilidad socioeconómica.

En enero de este año, Contraloría emitió un dictamen diciendo que “no ha autorizado a las municipalidades para vender y/o distribuir gas a sus vecinos, lo que tampoco resulta posible a través de corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales”. Esto, tras la solicitud del municipio de Chiguayante para distribuir gas licuado a sus vecinos con un precio más bajo al del mercado, considerando el alza de los combustibles.

Cabe recordar que en noviembre de 2021, el municipio de Chiguayante solicitó en forma inédita a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) los requisitos para constituirse como distribuidor minorista de gas, para que sus vecinos pudieran comprarles un cilindro de 15 kilos en cerca de $17 mil.

Finalmente, este plan no se concretó y en junio de este año, el municipio informó en su sitio web que estableció un convenio con ENAP, para que la empresa vendiera gas a los vecinos a un precio menor.

El mismo mes que Chiguayante anunció su plan, alcaldes de las municipalidades de Calera de Tango, Paine, Buin e Isla de Maipo, ingresaron una solicitud a Contraloría para que se pronunciara sobre el marco legal de la entrega de gas en sus comunas, porque estaban estudiando realizar este servicio.

En mayo de 2022 llegó la respuesta del organismo, quién volvió a recalcar que “las municipalidades no pueden vender o distribuir gas a sus vecinos sin una ley que los autorice”. Lo que sí está permitido es que puedan entregar este beneficio a través de asistencia social y con exigencias, como que se acredite que las personas están en “una situación de indigencia o de necesidad manifiesta”, informó Contraloría.