La Contraloría General de la República (CGR) anunció hace algunos días la toma de razón del reglamento que señala las características del cierre o de las medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad, documento que permite la puesta en marcha de la Ley Cierre de Pasajes (21.411), promulgada el 25 de enero de 2022, a fines del gobierno de Sebastián Piñera, con el objetivo de instalar portones en vías que cuenten con un acceso y salida diferentes.

A través de 14 artículos más uno transitorio, el reglamento expendido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública considera una ordenanza municipal tipo, propuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que, en caso de ser dictada, deberá ser sometida por el alcalde a la aprobación del concejo municipal. Así, a lo largo del documento se explicitan las características de cierre y medidas de control de acceso; diseño y proyecto de cierre; medidas para garantizar la circulación de las personas y de los vehículos de emergencia, de utilidad pública y de beneficio comunitario; cómo ingresar una solicitud de cierre, entre otros.

Pese a lo reciente de la toma de razón del reglamento, distintos alcaldes de Santiago han comentado que en lo que va del año ya han recibido solicitudes, propuestas y comentarios por parte de vecinos en torno al cierre de los conjuntos habitacionales.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind.), celebró el anuncio por parte del ente contralor, pero fue crítico al señalar que la medida llega tarde, pues “sabemos que cuando comienza a oscurecer más temprano, el miedo está más latente. Fue por eso que le dijimos al gobierno del Presidente Boric que había que llegar en junio con esto resuelto”, explicó.

Carter ha sido uno de los ediles más críticos en torno a la demora de la administración actual, lo que se suma a las encerronas y portonazos que han puesto en alerta a la comuna y que llevaron al municipio a crear un “fiscal del pueblo” que se dedique completamente a asistir a los vecinos.

No obstante, el alcalde de La Florida inició este jueves la implementación de la ley y anunció un subsidio de $ 1.000 millones que la municipalidad, a través de organizaciones sociales constituidas, entregará a quienes no puedan costear el cierre de su calle o pasaje.

“De aquí a diciembre ayudaremos a todos los vecinos que están hoy día con cierres irregulares para que se pongan al día y puedan estar tranquilos. Para aquellos que quieran cerrar y que cumplan con los requisitos, la municipalidad hará un esfuerzo de mil millones de pesos para ayudar con aproximadamente un millón de pesos a mil pasajes de la comuna. Juntos daremos la pelea para recuperar nuestra seguridad”, dijo Carter.

Otra de las comunas golpeadas por el aumento de violencia e inseguridad es Puente Alto. La zona sur de la capital alberga 655.033 habitantes y ha experimentado un aumento del 171% en robos violentos con vehículo, 99% en robos por sorpresa y 71% en robos en lugar habitado, de acuerdo al sistema Stop de Carabineros, que comparó los siete primeros meses de este año con los mismos de 2021.

Ante la resolución de Contraloría, el alcalde Germán Codina (RN) sostuvo que el avance en la normativa responde a una petición “de más de 10 años” que distintos ediles de la región vienen pidiendo a las autoridades para mitigar la delincuencia dentro de su comunidad. Así, valoró el gesto y añadió que los artículos ayudarán a llevar este proceso de una “manera ordenada y regulada”.

Desde el municipio sostienen que desde la publicación de la ley, el 25 de enero, hasta la fecha han ingresado más de 250 solicitudes por cierre de pasajes, las que no se habían podido tramitar.

Cerro Navia también ha sido copada por la “inseguridad ciudadana”. Así lo demostraron vecinos del sector el pasado 27 de julio, quienes se manifestaron por el aumento de la delincuencia en la comuna, irrumpiendo en un punto de prensa emitido por el Presidente Gabriel Boric para anunciar el “copago cero”, a las afueras del Hospital Clínico Félix Bulnes.

El alcalde Mauro Tamayo (Ind.) sostuvo que en lo que va del año han recibido cinco solicitudes desde la comunidad para implementar el cierre de pasajes. Además, agrega que pese a que los vecinos ven con preocupación el tema, pues “va a limitar el libre tránsito de vecinos, es una necesidad urgente para poder vivir más tranquilos, para nuestra gente”.

Por otro lado, la autoridad comunal explica que en pos de la seguridad de los vecinos, como municipio entregaron “más de $ 100 millones a distintas organizaciones para realizar acciones en seguridad, incluido el cierre de pasajes”, comentó el edil.

La misma visión tiene el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya (Ind.), pues la comuna durante los últimos meses ha sido foco de noticia tras las encerronas y portonazos que aquejan al sector.

En esta línea, el edil sostuvo que su comunidad ha esperado “demasiado tiempo” por la creación del reglamento y comentó que si bien comprenden que la ley ayudará a las personas a organizarse para así brindar mayor seguridad, “no puedo dejar de lamentar que estas leyes obliguen a las comunidades a encerrarse, generando así una importante derrota cultural, ya que, a mi juicio, son los delincuentes y narcotraficantes los que deberían estar tras las rejas”.

A través de un estudio realizado por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Occidente, se pudo determinar que de las 394 encerronas ocurridas durante el primer semestre en la Región Metropolitana, el 30% se concentra en cinco de las 52 comunas: una de ellas es Pudahuel.

El alcalde Ítalo Bravo (Igualdad) comenta que desde su comunidad valoran el avance de la medida, pues “viene a regular lo que en la práctica ya es, como el cierre de pasajes en la comuna, y también creemos que es un paso más para poder establecer protocolos que permitan mantener un cierto ordenamiento en torno al cierre de pasajes, de forma que esto no se transforme en un obstáculo para los vehículos”.

Hasta la fecha, desde el municipio explican que no han recibido solicitudes de cierre, pero sí han mantenido reuniones con comunidades que se han acercado para regularizar su situación.