La empresa constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV) anunció que solicitó su quiebra, lo que implicará la desmovilización de 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, la desvinculación de más 2.500 personas y habrá impacto sobre productos y servicios de más de 1.500 proveedores de distinto tamaño.

Entre los factores que llevaron a la firma a tomar la decisión, menciona "problemas estructurales de la industria de la construcción", destacando el "aumento de precio de los materiales, menor disponibilidad de mano de obra, inflación e interrupciones en la cadena logística que bajos los stocks de disponibilidad de materiales".

Junto con ello, advirtió que "la decisión del Ministerio de Obras Públicas, de reajustar retroactivamente sus contratos, medida solicitada hace meses por la compañía, es tardía para Claro Vicuña Valenzuela.

Obras que estaba desarrollando quedarán inconclusas, entre las que se cuentan el 'bypass' de Castro, el Hospital de Curacautín, la avenida principal de Angol, entre muchas otras".

En este contexto, la compañía dijo que "a todos los futuros beneficiarios de estas obras les expresamos nuestro profundo pesar por la espera que deberán seguir enfrentando". La situación fue abordada por el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien afirmó que "estamos enfrentando un alza en el precio de los materiales a nivel mundial, lo que ha impactado fuertemente a la industria de la construcción, y Chile no es la excepción".

"Como Ministerio de Obras Públicas (MOP) hemos tomado medidas concretas, conversadas en conjunto con los gremios de la construcción para mitigar el impacto de esta situación en el país", añadió.

En el caso de la empresa Claro Vicuña, Valenzuela, García aseguró que "como Ministerio tenemos diez contratos vigentes, de los cuales tres ya están cerca de terminar, y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa, para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación".

"Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de $8 mil millones, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento, incumpliendo con sus compromisos con las obras", enfatizó el secretario de Estado.

En cuanto a los trabajadores, el titular del MOP dijo que "a septiembre de este año habían cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, a quienes la empresa no estaba pagando su sueldo. Como Ministerio, ejerceremos la facultad que otorga el reglamento de contratación de obras públicas para no dar curso a los estados de pago cuando no se acredite el pago oportuno a las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones".

Y manifestó: "quiero ser muy claro, hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, lamentablemente hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia, o el alza de los materiales, desconociendo su propia mala gestión". "Las empresas también tienen que tener la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos en los tiempos de bonanza para enfrentar los momentos difíciles, y así al menos, poder compartir los impactos frente a una crisis", recalcó García.

Finalmente, el ministro de Obras Públicas indicó que "en este momento nuestra principal preocupación es retomar estas diez obras a la brevedad, y para este propósito ya estamos trabajando".