La Mesa del Sector Público (MSP) junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entregaron al Gobierno la propuesta de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales, con lo que se da inicio a la negociación salarial para el año 2023. 

Con una marcha de las y los trabajadores por el centro de Santiago, el petitorio fue entregado en el Ministerio de Hacienda y del Trabajo, como también en el Palacio de La Moneda, para así comenzar el proceso de mejoras de condiciones laborales con el Estado.

El documento, que enfatiza los desafíos económicos que atraviesa nuestro país, solicita un reajuste salarial de 15%, ya que se atribuye un 12% a la inflación, por lo que el resto sería el aumento real. 

"Demandamos, para el periodo diciembre 2022-noviembre 2023, un reajuste de remuneraciones equivalente al IPC anual acumulado de diciembre 2021 a noviembre 2022 (12%), además de un 3% de reajuste real para todos los funcionarios y funcionarias del sector público, indistintamente del marco laboral que los rige", detallaron.

El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insulza, explicó que "tenemos plena consciencia de la compleja situación económica que vive nuestro país, de hecho somos nosotros y nosotras los trabajadores y trabajadoras de Chile los que evidenciamos día a día los efectos de la escalada del IPC que ha derrumbado el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y venimos a plantearlo con la convicción de que tenemos la voluntad de diálogo, de negociación y movilización para alcanzar un acuerdo que permita cumplir los objetivos que nos hemos planteado".

"Aspiramos no sólo a la plena recuperación del poder adquisitivo perdido durante este año, sino que al incremento real de nuestras remuneraciones, con un foco muy especial en el incremento de los ingresos mínimos en el Estado", añadió. 

Sobre este último punto, se pidió incrementar las remuneraciones mínimas de la administración pública y, en el caso de auxiliares, técnicos y administrativos, establecer 550 mil, 600 mil y 650 mil pesos respectivamente de piso. 

Respecto al bono de término de conflicto, la propuesta plantea una bonificación de 250 mil pesos para los funcionarios que ganen menos de 879.956 pesos líquido, y otro de 150 mil pesos para quienes ganen más que dicho monto.

Finalmente, también piden la instalación de una mesa de trabajo que aborde la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público; además, está la ampliación de la cobertura del cuidado infantil de todos los niños de dos a 12 años, con el acceso a jardínes infantiles y salas cuna, entre otras.