La Sala de la Cámara de Dipuatadas y Diputados rechazó este martes los gastos variables de la partida del Ministerio del Interior, así como algunas asignaciones específicas para las cuales se solicitó votación separada, en el marco de la discusión particular del Presupuesto 2023.

En la discusión, hubo un llamado generalizado para que el Estado enfrente el crimen organizado y la delincuencia. En ese sentido, las y los diputados mencionaron datos sobre el alza en la criminalidad, asesinatos y perpetración del narcotráfico. De la misma forma, remarcaron el actual déficit en la dotación de carabineros y en la necesidad de incentivar el ingreso de nuevos efectivos.

Para algunos, el presupuesto de Interior avanzaba en la línea correcta, creciendo por sobre el 4% en materia de seguridad. Adicionalmente, se valoró que el Ejecutivo acogiera algunas de las demandas expresadas en el trámite, por ejemplo, en materia de reposición del parque vehicular de carabineros. Y, que por primera vez, se impulse un plan en contra del crimen organizado.

Sin embargo, también hubo duras críticas sobre ese mismo punto. Particularmente, en cuanto a la falta de conocimiento sobre los lineamientos de ese plan y su presentación ante el Congreso Nacional.

Además, se refutó que no se realice un incremento en las remuneraciones de carabineros.

Así, para varios, el Presupuesto es exiguo y llamaron a un incremento mayor, entre otras demandas.

La votación del conjunto de la partida correspondiente a los gastos no permanentes, obtuvo 65 votos a favor, 69 en contra y seis abstenciones.

PROPUESTAS APROBADAS

En contraposición, la Sala declaró admisible varias indicaciones de la oposición que establecieron nuevas materias o posibilidades de uso de los recursos asignados. Ese fue el caso de las propuestas para proveer de asesoría y defensa jurídica gratuita en juicios a víctimas de delitos violentos. Igualmente, para agregar a Los Lagos entre las regiones donde se aplicará el programa de Violencia Rural.

"Hoy día funcionan asesorías a víctimas, que no es representación jurídica. Entonces, lo que estamos diciendo no es asignar más recursos; es decir, que esas asesorías se transformen en representación jurídica, es decir, abogados que defiendan a las víctimas. Así como tiene la Defensoría Penal Pública (DPP) abogados que defienden a los acusados de delitos, queremos que la Subsecretaría de Prevención del Delito cambie, haga un giro, respecto a la defensa que hoy día tienen las víctimas para que asuma su representación", dijo el jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

Otras iniciativas incluyen recursos para arriendo de viviendas para el personal de Carabineros y para la adquisición de tecnología para la búsqueda de personas; y un reajuste para las remuneraciones de la policía militarizada.

"Necesitamos casas para ellos; necesitamos que puedan vivir al igual que muchos funcionarios públicos. ¿Por qué no entregarle una casa, por ejemplo, de un gobernador, de un delegado presidencial, de un director del Serviu? Son 35 casas para carabineros que no tienen dónde vivir, que no pueden llevar sus familias a la Región de Antofagasta, de Tarapacá, de Parinacota", defendió el diputado José Miguel Castro (RN).

"Hoy día la función policial está más riesgosa que nunca. Carabineros se merece un reajuste salarial, un aumento paulatino, pero no de los generales ni de los oficiales, sino de quienes enfrentan al narco de frente, a la delincuencia de frente", sostuvo el diputado Frank Sauerbaum (RN).

Respecto de algunas de estas materias, el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo reserva de constitucionalidad.

Incluso, en cuanto al reajuste para las remuneraciones de Carabineros, el secretario de Estado afirmó que "pocas veces se ha visto una indicación más inadmisible que la se acaba de votar. Nos parece un grave precedente para lo que queda de la votación de esta Ley de Presupuesto".

Sin embargo, el diputado de RN, Diego Schalper, desestimó la "gravedad" del precedente advertido por Marcel: "El ministro de Hacienda se equivoca cuando asevera que estas son las (indicaciones) más inconstitucionales. Su coalición, cuando era oposición, lo hacía doblemente peor", arguyó.

Por otra parte, se aprobaron todas las solicitudes de información y dos indicaciones del Gobierno. La primera de ellas considera montos para equipamiento tecnológico y un sistema automatizado de identificación biométrica en la Policía de Investigaciones (PDI). La otra incrementa en 251.000 millones de pesos el presupuesto de dicha institución para el Plan Microtráfico Cero.

Sectorialmente, se descartaron recursos destinados a formación y perfeccionamiento de Carabineros. En particular se criticó la reducción en este ítem y se pidió un incremento. Algo similar aconteció con el Servicio Nacional de Migraciones.

PRIORIDADES DE LA PARTIDA

El Presupuesto para el año 2023 del Ministerio del Interior se construyó sobre la base de dos pilares relevantes: incrementos importantes de recursos en materia de seguridad y modificaciones a la manera en que estos se gestionan y se ejecutan. Para ello, se consideraban ingresos y gastos por más 2,7 billones de pesos y una variación total de 4,1%, respecto de 2022.

La Subsecretaría del Interior consideraba dineros para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, con un presupuesto de 345.561 millones de pesos. Este comprendía como foco estratégico el fortalecimiento institucional de Carabineros y de la PDI. Igualmente, de la Dirección del Territorio Marítimo (Directemar), de Aduanas y de Gendarmería.

Además, se incluía en este marco el Plan de Restitución del Parque Vehicular de Carabineros, por un monto de 26.199 millones de pesos.

Otras áreas distinguidas eran el fortalecimiento de la Seguridad Pública (7.516 millones de pesos); la modernización y habilitación de pasos fronterizos (11.090 millones); y la inversión y obras de infraestructura en complejos fronterizos (4.726 millones).

REGIONALIZACIÓN

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por su parte, proponía un énfasis en fortalecer el proceso de descentralización del país.

También se esperaba concretar justicia territorial en la asignación de las inversiones y en el robustecimiento de la cartera de proyectos. Asimismo, se incrementaba la seguridad ciudadana vía la recuperación de los espacios públicos.

Cabe precisar que en el actual proyecto de Ley de Presupuesto, por primera vez, los gobiernos regionales contarán con una partida presupuestaria propia (Partida 31).

PREVENCIÓN DEL DELITO Y GOBIERNO INTERIOR

Los focos estratégicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito estaban en la implementación del Sistema Municipal de Seguridad (12.866 millones de pesos). De igual modo, planteaba extender la cobertura del Programa Lazos y el Plan Calle Segura.

Luego, la administración de Complejos Fronterizos esperaba financiar la realización y gestión de contrataciones de servicios básicos, mantenciones, mejoramientos y la provisión de insumos, materiales y equipos necesarios para dar una operación continua y adecuada a la infraestructura, con el fin de contar con la presencia óptima de los Servicios Contralores de Frontera.

Otras líneas buscaban contribuir al acceso pleno y equitativo de los ciudadanos a beneficios y productos de los servicios públicos, así como al arrendamiento de terreno de asentamiento en la Región de Tarapacá. Se incluían los gastos operacionales asociados a ello.

El presupuesto de esta cartera también incluía la instalación del nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Dicha entidad es la heredera de la Onemi.

A través de esta partida se financian también la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y Bomberos de Chile. Asimismo, Carabineros de Chile, que tenía recursos por más de 1,2 billones de pesos (aumento de un 2%), más 92.890 millones para la formación y perfeccionamiento policial (baja -0,3%); y la PDI, con una suma de 455.386 millones (variación de 0,8%).