En su tercera jornada de debate, el Senado despachó la Ley de Presupuestos 2023, iniciativa que contempla un crecimiento de 4,2% en el gasto público para el año venidero en relación al erario fiscal ejecutado en 2022.

De esta forma, el proyecto debe volver a la Cámara de Diputados para su ratificación, en una sesión que se celebrará a partir de la mañana del lunes. En caso de que se rechacen algunas partidas, todo deberá resolverse en comisión mixta.

En primer lugar, la Sala aprobó la partida de Gobiernos Regionales, respaldando las indicaciones para informar a las comisiones de Zonas Extremas del Congreso, sobre la ejecución del presupuesto del Gore de Arica y Parinacota, además del estado de avance del proyecto Museo del Vapor del Gore de Los Ríos.

Asimismo, fueron retiradas una serie de enmiendas para que los gobiernos regionales puedan entregar recursos a establecimientos de prevención de la violencia de género, adquisición de terrenos para la apertura de vías y apoyar a la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Esto, luego de que el Ejecutivo explicara que todas estas facultades ya están disponibles y ejecución.

Por otro lado, el Gobierno, en voz del ministro de Hacienda, Mario Marcel, se comprometió a presentar durante el próximo año el proyecto de Ley de Rentas, solicitado por la mayoría de los gobiernos regionales. Junto con esto, el Pleno despachó por unanimidad la partida del Ministerio de Salud, eso sí, con el acuerdo de que el Ejecutivo realizará un catastro de pacientes diabéticos insulino dependientes y revisará la canasta de aquellos que son menores y adolescentes.

Al inicio del debate, los senadores Francisco Chahuán (RN) -quien preside la comisión de Salud de la Corporación-, Javier Macaya (UDI) y Claudia Pascual (PC), hicieron ver la falta de fondos para la ley nacional del Cáncer, el estancamiento de las listas de espera Auge y no Auge, la postergación de la atención primaria, y la urgencia de priorizar la salud mental, además del tratamiento de pacientes con TEA. A su vez, se analizó la necesidad de contar con fondos para dar continuidad a los trabajadores que fueron contratados con motivo de la pandemia. Sin embargo, los dineros no pudieron ser incrementados por tratarse de una indicación inadmisible.

Respecto al Tesoro Público, el debate llegó con una serie de indicaciones y peticiones de votación separada, marcado por la solicitud de reposición de los recursos del Instituto de Derechos Humanos (INDH), lo que finalmente fue aprobado por 18 votos a favor y 16 en contra.

Desde la oposición, hubo un fuerte cuestionamiento del actuar del Instituto, poniendo en evidencia el caso de su ex director, Sergio Micco.

Al respecto, el senador Juan Antonio Coloma insistió en una votación separada del respectivo programa, para rechazar los recursos del INDH, argumentado que, "mientras exista la cultura de la cancelación, este parlamento no puedo avalarlo".

En la misma línea, los senadores Javier Macaya y Rojo Edwads acusaron "sesgo" y de "persecución en el propio Instituto", mientras que Felipe Kast llamó a superar "sus serios problemas de gobernanza". También hicieron presente sus posturas los senadores Luciano Cruz-Coke y José García.