La bancada de diputados del Partido Republicano anunció que se encuentra estudiando "todos los antecedentes e informaciones disponibles" para acusar constitucionalmente al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ante -según los parlamentarios- "graves acusaciones sobre irregularidades, errores administrativos y presiones políticas" al interior de la cartera. 

De concretarse la presentación del libelo, el procedimiento podría terminar en la destitución o inhabilitación del secretario de Estado -militante de Revolución Democrática y mano derecha del Presidente Gabriel Boric- en caso de concitar apoyo de la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

La colectividad opositora basa su acción en "las graves acusaciones" proferidas por la renunciada seremi Patricia Hidalgo (PPD), quien denunció en entrevista con Radio Bío Bío haber recibido telefonazos del Gobierno para aprobar proyectos pese a sus reparos como profesional, y la invalidación de licitaciones de diagnóstico de menores vulnerados por parte del Servicio Mejor Niñez, dependiente del ministerio de Jackson, quedando cerca de 25.000 niños que requieren tratamiento en lista de espera de atención. 

"El estudio incluirá, entre otras, las acusaciones de la ex seremi de Desarrollo social y la fallida licitación del servicio de Mejor Niñez, que dejará a más de 25.000 niños sin tratamiento. Como primer paso, mañana (hoy lunes) iniciaremos la recolección de firmas para interpelar al ministro Giorgio Jackson, y en las próximas semanas estudiaremos los antecedentes para llegar a la conclusión respecto de la viabilidad de una posible acusación constitucional", informó la bancada republicana a través de un comunicado difundido vía Twitter.

Ante las acusaciones de la exseremi Hidalgo, el Ministerio de Desarrollo Social afirmó ayer, mediante una declaración pública, que "la decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias, cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle, ubicado en la Región Metropolitana".