En el marco del Día internacional de los Derechos Humanos (DD.HH.), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su “Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2022″ a los tres poderes del Estado, en una ceremonia donde asistió el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Este año, el informe aborda los derechos de las víctimas frente a violaciones de DD.HH. en democracia; el acceso al agua; el derecho a la libertad de religión, de creencia y culto; los derechos humanos de las personas mayores, y también de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar post pandemia, y la desaparición forzada de personas en dictadura.

Sobre ese último ítem, el Presidente Boric destacó la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda, anunciado en su cuenta pública el pasado 1 de junio. Al respecto, señaló que para el gobierno ese proyecto “tiene un componente que es esencial”.

“En Chile hubo un esfuerzo grande, importante, incluso que ha sido destacado en algunas partes, por establecer verdades judiciales pero podemos hacer más, y mientras nos sigan faltando más de 800 personas no podemos dejar de buscar”, aseguró el Mandatario.

Sobre los avances del Plan Nacional de Búsqueda, el jefe de Estado informó que “ya está en marcha su elaboración”. En esa línea, destacó que para ello se está trabajando con la colaboración de “las familias, que son quienes han estado buscando en algunos casos hace 49 años”.

Sobre los tiempos, estimó que el primer borrador podría estar listo en abril, para efectuar su entrega en junio del próximo año.

“La idea es que tengamos un primer borrador del Plan en abril, que lo socialicemos con todas las organizaciones y que en junio se me haga entrega para ya empezar a ejecutarlo”, señaló.

Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2022

En la actividad, la directora del INDH, Consuelo Contreras, ahondó en el documento presentado a las autoridades, que consta de siete capítulos y se encuentra disponible en la biblioteca digital del INDH.

Entre los puntos del informe destaca un capítulo que aborda la desaparición forzada en dictadura, donde se considera que en 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado. Además, se “valora” la iniciativa presidencial de la creación de un Plan Nacional de Búsqueda.

En esa línea, se señala que se han identificado a “pocas víctimas”, pese a que “han transcurrido 32 años desde el retorno de la democracia”.

“En Chile no se ha implementado un modelo judicial de búsqueda como tal”, dice el informe, donde se agrega que, “considerando las cifras dadas a conocer por las comisiones de Verdad, que es 1.109 personas, la cantidad de identificados a octubre de 2022 sería solo de 310″.

Sobre ese mismo ítem, el informe sugiere al gobierno “disponer un presupuesto permanente para las entidades estatales destinadas o vinculadas a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, incluyendo instituciones que brindan apoyo al sistema de justicia, como la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el Servicio Médico Legal”.

En otro capítulo del informe, acerca de la crisis social y función policial, se ahonda en las “víctimas de violaciones de los DD.HH. en democracia” y se entrega un reporte actualizado de los casos por la crisis social.

Según dice el informe, a octubre de 2022, de las 3.151 querellas presentadas por el INDH por hechos entre el 18 de octubre de 2019 y 18 de marzo de 2020, sólo 3% tiene formalización. Además, se destaca que hay 187 formalizados y de los 18 condenados, apenas dos cumplen penas privativas de libertad.

Sobre ese punto, la directora del INDH propuso la creación de una comisión especializada para abordar la situación de las víctimas. “Debe haber una política de reparación integral. Chile tiene una larga experiencia en comisiones calificadoras, como Rettig, Valech 1, Valech 2. Crear una comisión calificadora permitirá saber con claridad cuántas son las víctimas, dónde están y cuáles son las medidas que requieren para reparar el daño causado”, indicó en su discurso.

Otro punto que se aborda es acerca de la educación durante la pandemia, en esta oportunidad se ahondó en “cómo está afectando a los estudiantes, sobre todo en el retorno a la presencialidad”.

“Las denuncias registradas en la Superintendencia de Educación revelan que los primeros seis meses de 2022 ingresaron 2.968 denuncias sobre violencia al interior de colegios: alrededor de un 6% más que el mismo período en 2019, y 1.700 más que las hechas durante los dos años de cuarentenas”, se revela en el informe.

Además, el texto concluye que “el retorno a la presencialidad ha dejado en evidencia que hay un grupo de estudiantes que ha quedado fuera del sistema; otros viviendo condiciones de infraestructura deficiente, con déficit de docentes o enfrentados a situaciones de violencia que, si bien han tendido a disminuir en el segundo semestre de 2022, muestra la necesidad de profundizar en las políticas que aseguren el acceso a la educación”, se indica.