Tres años después se repitió la historia y los partidos políticos consensuaron una reforma constitucional para habilitar un proceso constituyente. La moción ingresó por el Senado durante la tarde del miércoles en forma de dos iniciativas idénticas pero refundidas, lo que permitió que en total diez senadores firmaran la propuesta -representantes de todos los partidos que suscribieron el acuerdo- y no solo cinco, como está establecido por cada proyecto.

Y si bien tanto la propuesta de 2019 como la de 2022 buscan darle forma al camino constitucional, están plagadas de diferencias, algunas más sustantivas y otras bastante sutiles, en la línea de generar la mayor distancia posible del fracaso de la Convención.

En principio, los procesos son obviamente distintos: el acuerdo de este año considera dos etapas y tres órganos diferenciados, a diferencia de la Convención Constitucional, que era la única interviniente en el proceso.

Aquí se plantea primero una Comisión Experta que elaborará un anteproyecto de Constitución entre marzo y junio, y luego un Consejo Constitucional -otro nombre y más chico que la CC, de 50 integrantes- que tomará esa propuesta desde junio y le podrá hacer modificaciones, hasta concluir el trabajo en noviembre.

También existirá un tercer ente: el Comité de Admisibilidad, con otro grupo de expertos que estarán “vigilando” el cumplimiento de las 12 bases constitucionales que los partidos acordaron para guiar el proceso, como que Chile será un Estado social y democrático de derecho o que existirá un Congreso bicameral en el diseño político de la nueva Constitución.

Sin escaños ni listas de independientes y la Ley Rojas Vade

Además de los candidatos de los partidos políticos, el proceso anterior contó con 17 escaños reservados para pueblos indígenas. En esta oportunidad, no existen cupos garantizados, sino que la cantidad dependerá de la votación de quienes estén en el padrón indígena.

Todos esos votos se sumarán, y si significan al menos el 1,5% del padrón nacional, el candidato más votado de los pueblos originarios ganará un escaño en el Consejo. El siguiente escaño se gana al 3,5% y el siguiente, al 5,5%.

Con esta fórmula, desde los partidos señalaban que los pueblos originarios podían acceder a un número como 2 o 3 representantes, pero depende de la capacidad de movilización que logren.

Tampoco habrá listas de independientes en esta oportunidad, sino que los partidos podrán incorporarlos en sus listas o podrán competir solos, como se permite en las elecciones parlamentarias, por ejemplo. Y en la línea de los independientes, los partidos recordaron a Rodrigo Rojas Vade y la ley que surgió para resolver el caso de su renuncia.

En la reforma se incorporó que los consejeros y expertos “podrán renunciar a su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño” o pongan en riesgo el funcionamiento del proceso.

El rol del Gobierno y la secretaría técnica

En esta oportunidad, tampoco existirá la "secretaría técnica" ni el Gobierno será el encargado de brindar el apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento del Consejo.

En la reforma de 2019 se contempló que el Ejecutivo debía dar apoyo financiero, técnico y administrativo, pero eso se cambió a solo "financiero". En cambio, ahora es el Congreso y su Biblioteca los que tendrán que prestar el respaldo técnico y administrativo.

El Congreso también tendrá el rol definitivo en el reglamento del proceso, que deberá ser propuesto por los secretarios de la Cámara y del Senado y luego ratificado por una comisión de nueve senadores y nueve diputados.

En la Convención, los mismos constituyentes se dieron a sí mismos el reglamento, tarea que demoró poco más de dos meses. Los sueldos también serán distintos. Pese a que el proceso es más corto, los consejeros recibirán 60 UTM ($3.700.000) a diferencia de los 50 UTM ($3.050.000 a valor actual) que cobraron los convencionales.

En esa línea también hay un cambio: según el artículo 150, los consejeros sólo podrán usar sus asignaciones para asesoría legislativa, lo que fue pensado por los partidos como una forma de evitar que contraten periodistas, fotógrafos u otro tipo de profesionales.

Sin “alargue” y adiós al Apruebo-Rechazo

El plazo de trabajo del Consejo es de un máximo de cinco meses, incluido el período de armonización, más tres meses previos de construcción del anteproyecto por parte de la Comisión Experta.

Con el argumento de buscar un proceso más corto, aquí no cupo el "alargue" que se le dio a la Convención, de nueve meses más tres más si lo necesitaban.

Asimismo, las bases constitucionales guiarán todo el trabajo, a diferencia de empezar desde una “página en blanco” que se había propuesto para el proceso de 2019.

En ese marco, uno de los cambios sutiles que Y cuando finalicen su trabajo, el plebiscito no preguntará si se "Aprueba" o "Rechaza" la nueva Constitución, sino que será "A favor" o "En contra" de esta, lo que fue consensuado por los partidos pero se concretó a partir de una idea del diputado DC Eric Aedo.

El razonamiento: que no se parezca al Sí y No del 88, pero tampoco que rememore al plebiscito del 4 de septiembre. Si la propuesta es rechazada, la reforma constitucional no dice nada sobre qué sucede, a diferencia de la reforma de 2019, que explicita que continuará vigente la Carta Magna actual.

Esto no implica algo distinto y de hecho, según explican quienes intervinieron en el proceso de redacción, se dejó en blanco porque "se subentiende" que sería así.