La ministra del Interior, Carolina Tohá, y los subsecretarios de ese ramo y de Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, respectivamente, se reunieron este martes con los 16 gobernadores regionales del país.

El propósito del encuentro -que se llevó a cabo de forma presencial y telemática- era dar cierre a los acuerdos sobre seguridad con las autoridades regionales.

Sin embargo, los gobernadores quedaron disconformes con el plan de seguridad presentado por el Ejecutivo, solicitando tener mayores herramientas y atribuciones en la prevención del delito.

"No quedamos conformes. De hecho, creemos que la propuesta que ha hecho el Gobierno no recoge lo que le hemos planteado, así que le hemos pedido que la reformulen", señaló Claudio Orrego (independiente), gobernador de la Región Metropolitana, a la salida de la cita en La Moneda.

"Nosotros no estamos planteando (tener) la dirección de Carabineros, pero, si tú te das cuenta, hoy día lo que hacen los municipios es lo que de facto tienen que hacer las regiones. No puedes tener una estrategia de prevención del delito distinta por comuna; tiene que haber una coordinación. Eso es lo que estamos planteando y, de hecho, no nos conformamos con la facultad de poder hacer programas o proyectos; queremos tener también la facultad de hacer políticas regionales de prevención de delito, de acuerdo a la realidad particular de cada región", enfatizó el exministro.

Mientras que su par del Biobío, Rodrigo Díaz, comentó que "esa propuesta como respuesta a nuestro planteamiento nos ha parecido insuficiente, y le hemos pedido al Gobierno que reformule la propuesta porque compartimos un fin común, y es que es absolutamente necesario mejorar las condiciones de seguridad de las personas. Sentimos que en prevención de los delitos no es a través de las Delegaciones Presidenciales donde hoy día se está trabajando efectivamente".

Para la próxima semana está pronosticado que el Gobierno entregue una reformulación de su propuesta al mundo de la gobernación, lo que trunca definitivamente la esperanza de La Moneda de tener sellado antes de fin de año el "Compromiso Transversal por la Seguridad". 

Más temprano, la coalición opositora Chile Vamos condicionó su firma del pacto a cambio de que el Presidente Gabriel Boric decrete un estado de excepción constitucional en la Macrozona Norte, que afronta una crisis de seguridad y migratoria.