La Contraloría realizó una auditoría y un examen de cuentas a la Subsecretaría de Prevención del Delito a propósito de la ejecución del Programa Seguridad en mi Barrio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Bajo porcentaje de ejecución de los planes, altas sumas de dinero sin utilizar y falta de control sobre los fondos transferidos a organismos ejecutores fueron solo algunos de los descubrimientos realizados por el ente, plasmados en el informe.

La entidad fiscalizadora examinó las transferencias corrientes realizadas por la subsecretaría y sus consecuentes rendiciones para verificar que se ajustaran a la normativa vigente y a los convenios suscritos con las entidades ejecutoras.

Asimismo, buscaban comprobar que los acuerdos estuvieran debidamente acreditados y contaran con la documentación de sustento pertinente, todo esto en concordancia con la ley N° 10.336 y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263.

Para la ejecución del Programa Seguridad en mi Barrio, cuyo fin era reducir los factores de riesgo en las capitales regionales, sus conurbaciones y barrios que presentaban altos niveles de delitos complejos, se asignaron $ 11.846.470.000.

Conclusiones

Bajo porcentaje de ejecución

Durante 2020 y 2021, la subsecretaría transfirió a diversas entidades ejecutoras a nivel nacional un total $9.144.890.174, con cargo al Programa Seguridad en mi Barrio, que incluye dos iniciativas: el Plan Nacional Barrios Prioritarios y el de Barrios Comerciales Protegidos.

Sin embargo, de acuerdo con las rendiciones, del total de recursos transferidos al 13 de mayo de 2022 se habían ejecutado $681.352.629, es decir, solo un 7,45% del total otorgado. Los planes involucran actividades cuyo objetivo es la disminución de los niveles de victimización, las condiciones de violencia y la percepción de inseguridad, entre otros.

Sumas sin transferir

Se constató que en 2020 y 2021 la subsecretaría traspasó a las municipalidades recursos ascendentes a $1.927.931.640, los que están destinados a iniciativas de fortalecimiento comunitario y de obras asociadas al Plan Nacional Barrios Prioritarios en la Región Metropolitana.

No obstante, la institución dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública había autorizado al 1 de junio de 2022 proyectos cuyos montos totalizaron $178.345.412, es decir, solamente el 9,25% del total de los recursos transferidos en ese período.

También se comprobó que en 2021 entregó recursos por $1.087.633.072 a 18 municipalidades, con cargo al Plan Nacional Barrios Prioritarios, aun cuando en 2020 les había transferido $1.782.000.000 que no habían sido utilizados durante ese año. De esta forma, esas entidades municipales alcanzaron fondos sin ejecutar por $2.869.633.072 al 13 de mayo de 2022.

“Las situaciones anteriores han ocasionado que esos dineros queden empozados en dichos organismos, generando riesgos relacionados con mayores costos económicos, además de la eventualidad que los recursos sean usados en otras actividades, ya que una vez percibidos no existen adecuados controles”, detalla Contraloría en su informe.

En esta línea, agregan que “la demora en la implementación de iniciativas y el traspaso de recursos sin que se hayan usado las remesas anteriores no se encuentra en armonía con el cumplimiento de los objetivos del programa, ni se ajusta a los principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad, e idónea administración de los medios públicos”.

Demoras en la ejecución

También se constató que los tiempos utilizados por la subsecretaría para las distintas fases de aprobación de los proyectos en análisis influyeron en la demora de la ejecución de los mismos. “Por ejemplo, para el caso de planes de fortalecimiento comunitario, la aprobación para dar inicio a la ejecución de una iniciativa tarda, en promedio, 15 meses desde la primera transferencia”.

Por otra parte, se descubrió que en los convenios no se estipularon plazos a los municipios para la presentación de los proyectos de obras ante la subsecretaría, ni para la aprobación de ellos por parte de esa subsecretaría. Esto conlleva el riesgo de que se dilate en forma excesiva la ejecución de las obras, afectando la oportunidad en el cumplimiento del programa.

Falta de controles

Contraloría detectó que la subsecretaría”no ha instaurado controles que mitiguen el riesgo de que los fondos depositados en las cuentas extrapresupuestarias -definidas por cada organismo receptor para las mencionadas transferencias- sean usados para otros fines, pues no se evidenció el requerimiento de tal información por parte de la subsecretaría”.

Ausencia de información

El ente contralor también analizó un convenio de transferencia de recursos suscrito entre la subsecretaría y la entonces Intendencia de la Región Metropolitana para la ejecución de parte del Plan Nacional Barrios Prioritarios año 2021, encontrando una ausencia de información que acreditara el control de su cumplimiento por parte de la subsecretaría.

Por otra parte, respecto a un convenio celebraron entre el ente público y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), se constató una falta de antecedentes que permitieran verificar la supervisión, coordinación y control de su correcto desarrollo, entre otras cosas.

Recursos para entidades con rendiciones vencidas

Se verificó que, al 31 de diciembre de 2021, la subsecretaría presentó en la cuenta contable 12106 “Deudores por Transferencias Reintegrables” un saldo de $37.284.364.071, de los cuales $2.940.824.437 correspondían a 41 entidades receptoras, cuyos plazos de rendición de sus convenios se encontraban vencidos.

“También se constató que durante el año 2021 la institución transfirió recursos por un total de $337.643.880 a cuatro entidades que tenían rendiciones vencidas respecto de su fecha de exigibilidad por fondos otorgados en virtud de otros convenios”, agregaron.