La Corte Suprema aseguró que el bullado fallo sobre la tabla de factores abrió la puerta para que las isapres y el Gobierno, representado por la Superintendencia de Salud, puedan trabajar colaborativamente para acordar la manera de aplicarlo y, de esa forma, permitir que el sistema privado de salud pueda subsistir, pero cumpliendo los lineamientos legales y constitucionales.

El 1 de diciembre pasado se conoció que el máximo tribunal ordenó a las aseguradoras privadas aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia, a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementarla. Aquello levantó las alarmas en la industria, que se ha dicho en una grave crisis financiera y ha advertido que una errada implementación de la resolución podría ocasionarles el "golpe final".

"Los jueces no podemos ir a revisar cada uno de los planes, cada uno de los precios (...) Esa tarea no nos corresponde. De tal manera que este es un trabajo conjunto que debe abordarse tanto por el Estado desde el punto de vista de la Superintendencia como también de las isapres, a efectos de cumplir adecuadamente el fallo. Nosotros no quisimos decir el cómo, justamente para que haya la suficiente ductiblidad", sostuvo la vocera de la Suprema, Ángela Vivanco.

La mayor sede judicial del país estableció un plazo de seis meses para que los involucrados determinen el modo en que se concretará la adecuación de los precios de los planes; y la semana pasada respondió, en menos de 24 horas, un recurso de aclaración ingresado por el regulador con ese fin.

"Hemos procurado establecer orientaciones e interpretaciones que vayan detrás de una unificación adecuada del modo en que se están interpretando las normas, del modo que se está interpretando el fallo del Tribunal Constitucional, que ya tiene 13 años. De tal manera que el sistema de salud privada tenga la mayor claridad respecto de las normas a las cuales atenerse (...) la idea es que el sistema de salud privada subsista y pueda cumplir con estos lineamientos que han sido diseñados en el tiempo. No son cosas repentinas, pero ahora en este fallo, de alguna manera, se condensan o se concretan y ahora lo que hay que hacer es establecer los modos de cumplimiento", complementó la magistrada.

Por ello, "nos gustaría que el fallo sea, de alguna manera, un desde, un punto importante sobre la mesa para que en definitiva se puedan tomar los acuerdos y se desarrolle todo aquello que, del punto de vista de la Administración, implique cumplir el fallo", destacó Vivanco.

"Pero a la vez, como se ha dicho en muchas oportunidades, proteger los derechos de las personas que están involucradas, que son los afiliados al sistema y, por supuesto, también cumplir las obligaciones del sistema con los médicos, con los prestadores, etcétera, de tal manera que esto no signifique un colapso, sino que signifique un 'desde' sobre el cual hay que construir una manera de resolver esta problemática, cumpliendo este fallo, que es un fallo judicial que tiene que ser cumplido", remarcó.

COLEGIO MÉDICO: EL MARGEN DE ERROR ES MUY BAJO

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, advirtió en Lo Que Queda del Día que "el margen de error es muy bajo y no podemos correr riesgos de cometer errores, puesto que si nos equivocamos va a ser gravísimo", por lo que instó a, "entre todos, construir la mejor alternativa, porque hay total consenso de que es una situación grave y hay que resolver en forma urgente".

"Si quiebra la salud privada sería una situación gravísima para la que el país no está preparado, necesitamos a todos los prestadores públicos y privados, y si cae el sistema de isapres, probablemente podrían caer muchos prestadores institucionales, lo que sería gravísimo por los necesitamos funcionando al máximo de sus capacidades", recalcó.

Meza afirmó que el Colmed tiene "una visión y algunas propuestas", pero en esta discusión decidió adoptar un rol como "elemento articulador para permitir que muchos actores opinen y se involucren para buscar la mejor solución".

De todos modos, planteó que "debemos centrar la discusión en dos aspectos: el bienestar de los usuarios de las isapres, y secundariamente de los de Fonasa, porque se verán afectados si hay una crisis grave en las isapres; y preocuparnos de los prestadores, porque no podemos dejar que ningún prestador deje de funcionar, ya que son parte de la solución para abordar las listas de espera".