Como "fundamental", calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, sacar adelante la reforma al sistema de notarios y conservadores, un tema que han intentado impulsar diversos gobiernos pero que, por distintas razones, sigue congelado en el Congreso.

Cordero subrayó que se trata de una actividad "que tiene cierta opacidad", resaltando que el informe que confeccionó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2018 sobre la necesidad de regular este mercado "está plenamente vigente".

"Es un lugar donde hay discriminaciones de precio, donde existe poca competencia, donde hay que poner énfasis en calidad de servicio y eso implica tecnología, donde el régimen de supervisión y escrutinio debiera ser mucho más robusto del que tenemos en la actualidad", sostuvo el ministro.

Tras ello, comentó que "la administración anterior avanzó en este punto y el proyecto está hoy en la comisión de Constitución del Senado.

En mis conversaciones iniciales con los senadores, nosotros le hemos transmitido la voluntad al Gobierno de avanzar, si es necesario conformar una mesa técnica para ver las indicaciones a ese proyecto; habría que hacerlo". "La reforma estructural de notarios y conservadores es una reforma que uno tiene que avanzar por convicción o por conveniencia.

Por convicción, hay buenas razones para avanzar en términos de cómo está estructurado ese mercado en transparencia y competencia.

Por conveniencia, porque creo que es impresentable seguir postergando esta reforma por una razón relativamente simple, que es un colateral del proceso constituyente, sobre el modelo específico del gobierno judicial, separar la función jurisdiccional de la función de gobierno judicial. Notarios y conservadores dependen de este actual modelo de gobierno judicial, donde la Corte de Apelaciones cumple un rol en la terna", expuso.

En ese sentido, Cordero añadió que "si cambia la estructura del gobierno judicial, entonces el régimen de nombramientos de notarios y conservadores o de los auxiliares de la administración de justicia va a cambiar; o sea, es una reforma inevitable".

Además, el secretario de Estado resaltó que "es un mercado que también está actuando de un modo opaco, donde se están cobrando precios discriminatorios abiertamente y en el caso de receptores está provocando un impacto muy negativo en los avances de la justicia civil".