“El Gobierno de ‘Bachelet dos’ presentó una propuesta que por distintas razones finalmente se trasladó como indicación a la Ley de Conaf y que nosotros la hemos reciclado y la estamos presentando como una ley miscelánea y que consiste en que el interfase, entre lo urbano y el bosque, haya una zona de protección con responsabilidades y exigencias claras.

Eso se está presentando y se va a venir en el mes de marzo”, dijo en su día de presentación oficial, el ministro de Vivienda y enlace presidencial para la emergencia en el Biobío, Carlos Montes.

De esta forma, el secretario de Estado confirmó la presentación de una iniciativa que ha sido cuestionada por gremios forestales e impulsada por diferentes parlamentarios de la Región, entre ellos, el diputado ecologista, Félix González. El mismo día, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que se habían presentado otras iniciativas similares, pero nunca se había podido llegar a un consenso.

Pero, lo cierto es que a la fecha, no existen iniciativas parlamentarias que apunten regularizar las plantaciones forestales. De hecho, consultado al respecto, el diputado González dijo desconocer otros proyectos como el suya, el que aseguró “fue subido al sistema”, esperando que en marzo tenga su boletín y el apoyo de otros parlamentarios.

La iniciativa del ecologista propone “incorporar en los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Reguladores y Seccionales, las Zonas de Interfaz Urbano Rural Forestal, a fin de que las autoridades competentes establezcan las prohibiciones, limitaciones y obligaciones que consideren adecuadas para la prevención de incendios forestales, tales como prohibición de determinadas especies, distanciamiento de zonas urbanas, de caminos e infraestructura”.

Y junto con lo anterior “prohibir las plantaciones de especies exóticas en las áreas urbanas, a fin de fomentar su reemplazo por especies nativas o que sean destinadas a otros usos que disminuyan el riesgo de incendios forestales”.

Tras los dichos del ministro Montes el martes, el senador Gastón Saavedra dijo que una iniciativa como la planteada, debe considerar al menos tres temas: el proyecto de Plan de riesgos y desastres, ordenamiento territorial y valor agregado a lo que ya se hace con la madera.

Sobre lo segundo, dijo que, por ejemplo, se “debe establecer cuantas hectáreas se deben plantar en un territorio como el Biobío” y sobre lo último apuntó al utilización de la materia prima en la construcción de viviendas. “No podemos seguir haciendo más de lo mismo”, enfatizó el congresista, quien también insistió en considerar los efectos del cambio climático.

Pero, ¿habrá consenso en el Congreso? “No nos podemos cerrar a discutir este tema, menos después de lo acontecido durante esta emergencia”, sostuvo.

Lo anterior, dijo también aplicaba al mundo forestal y la idea de aplicar un royalty a dicha actividad productiva.

Cabe precisar que en la actualidad está vigente la Ley N° 19.561 que “incentiva la forestación de pequeños propietarios y de suelos frágiles y degradados y las prácticas de recuperación de suelos”.

Los incentivos implican una “bonificación a pequeños propietarios para realizar actividades de forestación y manejo de bosques plantados en suelos de aptitud preferentemente forestal”.

En este punto, Saavedra dijo que trabajado el tema con profesionales del Derecho, le han manifestado que ello genera “tercerización”. Es por eso, que una propuesta de cambio legal que se estudia es “precisar el sujeto beneficiado o las hipótesis.

Esto debe ser iniciativa del Ejecutivo, pero podría ser una propuesta en forma de acuerdo de sala para efectos de oficiar al Gobierno”.