A más de cuatro años de su entrada en vigencia, impulsores de la Ley de Convivencia Vial reconocen que la aplicación de la norma ha sido compleja y que aún se encuentran al debe en puntos fundamentales como fiscalización e infraestructura.

Andrea Santelices, de la ONG Educleta, asegura que se trata de "letra muerta" y que "uno quisiera cambios más rápidos, porque son vidas las que están en juego. Se quisiera que esto fuera mucho más eficiente, pero la verdad es que aún falta para alcanzar este objetivo".

"Con el sistema actual, antes de que se aprobara la Ley del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), teníamos una escasa fiscalización, muy baja, casi nula, y eso hace que muchas personas se sientan con el derecho a cometer infracciones", añadió.

La directora ejecutiva de Bicicultura, Amarilis Horta, comentó que "su implementación, su comunicación y fiscalización, la puesta en marcha del centenar de innovaciones que deben realizarse a todo nivel para que la ley opere y sea cumplida están aún, en su inmensa mayoría, pendientes".

"Para poder darle un real y efectivo impulso al tema es clave que el Estado cumpla su rol", agregó.

Desde la Fundación Emilia, su presidenta Carolina Figueroa indicó que "ha sido una aplicación súper compleja, porque la Ley de Convivencia Vial, que tenía que ver con el respeto mutuo de todos los usuarios de las vías, necesita fiscalización constante. Eso creo que ha sido una debilidad, no solamente en esta política, sino que en varias en materia de seguridad vial".

Pese a estos cuestionamientos, Karina Muñoz, secretaria ejecutiva de Conaset, destacó que en estos cuatro años la ley "ha permitido disminuir los índices de siniestralidad de peatones, ciclistas y motociclistas" en un 17 por ciento.