El fiscal nacional, Ángel Valencia, se reunió con directivos de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), con el objetivo de abordar el ingreso de las denuncias de atentados incendiarios en el marco de la emergencia que afecta a la zona centro-sur del país.

Tras el encuentro, el presidente de la agrupación, Juan José Ugarte, sostuvo en un punto de prensa que "pudimos fortalecer la coordinación entre las empresas forestales, que son representada por Corma, con el Ministerio Público para poder allegar con la mayor diligencia, exactitud y extensión los antecedentes necesarios para determinar la causa detrás de los incendios forestales".

En ese sentido, aseguró que con esto se busca "llegar también a la mano que está detrás del inicio de estos incendios". En ese sentido, indicó sobre la posibilidad de intencionalidad en el origen de los incendios forestales que "hablamos en genérico sobre las causales, pero en específico sobre ciertos casos emblemáticos".

Respecto a ese punto, detalló que hubo casos "en que brigadistas fueron retirados del predio por individuos armados, luego de la cual prendieron fuego a los bosques. U otros, que al momento de concurrir los brigadistas se encontraron con miguelitos en los caminos de acceso, impidiendo el control de los incendios.

Causas así de evidentes, entendemos, van a ser prioritarias para llegar finalmente a detener a los culpables detrás de estos ilícitos", sostuvo. Consultado respecto al catastro de daños, Ugarte citó datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). "Esas cifras nos indican, de manera transparente, un 66% de intencionalidad en la región del Biobío (...); 58% en La Araucanía.

Y en comunas, en particular, esta se eleva hasta el 90%", afirmó. Y aseguró que en la región del Ñuble la estadísticas se acercan al 40%. Ugarte también aseveró que "se ha nombrado un coordinador, a Cristian Paredes", para organizar el actuar de los fiscales regionales. "Cuando estamos hablando de 480 mil hectáreas, multiplicar por cuatro la superficie del año anterior o por ocho la superficie que teníamos después de los incendios de 2017, significa que tenemos que prepararnos mejor", dijo.

"El Fiscal Nacional ha determinado que Paredes establezca la coordinación con las empresas forestales como parte querellante y ese es el canal que vamos a seguir para poder agilizar los procesos", explicó

Sobre la persecución de este tipo de delitos, el presidente de la agrupación destacó que "pasa a ser una medida preventiva esencial. No más impunidad. Tenemos que llegar hasta el final de las causas a determinar los culpables, la mano que está detrás de los incendios", aseveró.