Mientras la Comisión de Constitución del Senado continúa abordando la discusión por el indulto a los llamados "presos de la revuelta", el presidente de la instancia, senador Pedro Araya, abordó las "complejidades" que presenta el texto, por las distintas aristas que se ven involucradas políticas, personales, sociales y jurídicas.

Así las enumeró el Senador, donde dijo estar consciente "que tenemos que buscar una salida política a un problema cuyo origen principal es político, pero esa solución política no puede exceder el marco jurídico que tenemos como país, y ahí es donde tenemos varios problemas, porque el proyecto tiene muchas complejidades jurídicas".

Uno de ellos, es que "no sabemos cuántos son los presos de la revuelta, quiénes son y cuál es su situación procesal. El Ministerio Público ha dicho que no está en condiciones de decir cuántos son, por la sencilla razón de que no hay un delito específicamente asociado a la revuelta".

De esta manera, explicó, estas personas ingresan al sistema penal "con un código estadístico que se usa dependiendo del delito por el que está siendo investigado y ese cambia dependiendo de quién da la información: Carabineros, el tribunal o la fiscalía".

El segundo gran problema del proyecto, sostuvo, "es el catálogo de delitos a indultar, porque el que se presentó es extremadamente amplio, uno podría entender que se indulte a quienes fueron condenados por desórdenes en la vía pública o daño a la propiedad pública, pero me pregunto por qué razón deberíamos indultar delitos tan graves como porte y tenencia de armas de fuego (...) u homicidio frustrado".

En tercer lugar, "es que tiene una confusión doctrinaria jurídica respecto de dos instituciones que extinguen la responsabilidad penal: indulto y amnistía, que si bien tienen el mismo fin, tienen efectos y requisitos distintos".

En el indulto, la persona juzgada no cumple la sanción penal, mientras que la amnistía "borra el delito", es decir "ni siquiera va a haber investigación para saber si fue culpable o inocente".

Con esto, el senador consideró que "de aprobarse como está (el proyecto), supondría que una serie de investigaciones se lleven adelante, donde además, delincuentes comunes van a poder pedir el beneficio, no se va a poder llegar a término de saber fue lo que ocurrió y si la persona investigada era o no responsable de los hechos".