Con satisfacción se retiraron del Palacio de La Moneda los líderes de las tres asociaciones de municipalidades del país, luego de que el Gobierno les notificara que apoyará la idea que ellos plantearon en el marco del Compromiso Transversal para la Seguridad de otorgar más atribuciones a los funcionarios comunales de seguridad.

En el encuentro, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a su par de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el titular de la Subdere, Nicolás Cataldo, detallaron a las autoridades comunales crearán un proyecto de ley que permita que algunas tareas de Carabineros puedan también ser realizadas por los municipios.

Tras el encuentro, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, explicó que "hemos avanzado en distintas materias y lo que queremos es llegar pronto a un acuerdo para ingresar este proyecto al parlamento y discutirlo rápidamente como parte de la agenda de seguridad".

El objetivo, indicó, es "dotar de mayores atribuciones a nuestros inspectores municipales, en el sentido de que tengan el reconocimiento legal de la labor que realizan en el ámbito de seguridad y en el preventivo y también todo lo que significa el cómo enfrentamos con mayores recursos este desafío". "Por eso estuvimos revisando el tema de los nuevos ingresos municipales, a propósito de la ley de royalty minero que se está discutiendo en el Parlamento.

En el ámbito municipal tenemos una preocupación que es transversal respecto del tema de la seguridad, tenemos muchos puntos en común", subrayó. Sobre ese punto, Leitao sostuvo que "lo que hemos planteado es que no podemos seguir presentando proyectos de ley que impliquen gasto a los municipios y que no tengan financiamiento, dada la inequidad territorial que ahí existe. Por eso se ha planteado una fórmula para inyectar nuevos recursos a través del royalty minero".

"Por supuesto también cómo trabajar de mejor manera en el ámbito con Carabineros, no para reemplazar sus funciones o competir con ellas, sino que más bien para poder trabajar en conjunto, por ejemplo, a través del patrullaje mixto, también el explicitar la dotación policial en las distintas comunas", indicó.

En tanto, su par de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y edil de Zapallar, Gustavo Alessandri, manifestó que "queremos agradecer al Gobierno, porque escuchó a las asociaciones de municipalidades, porque saben lo importante que son las municipalidades para combatir la delincuencia".

"El Gobierno tiene que hacer la bajada como proyecto de ley, en donde le entrega facultades a los municipios y trabajar en conjunto con otras instituciones como Carabineros y la PDI, y en algunos casos la Armada, para poder combatir la delincuencia, que hoy nos supera y debemos ser colaborativos", afirmó.

Mientras, el presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales (Amur) y jefe comunal de Pirque, Jaime Escudero, destacó que "la sensación con la que salimos después de esta reunión es que vamos en el camino correcto, sentimos que las medidas que nos están presentando los subsecretarios van en el camino adecuado".

Tareas compartidas

Según explicaron desde las asociaciones, al Ejecutivo les plantearon al menos cinco puntos que serán abordados en un proyecto que modifique la Ley Orgánica de Municipalidades, en el que se establezca que los funcionarios de seguridad municipal puedan ejercer tareas que hoy solo puede hacer la policía uniformada.

"La idea es sacarle trabajo a Carabineros, disminuir sus funciones en comisarías y dárselo a funcionarios municipales", detallaron, apuntando, por ejemplo, a que las constancias u otro tipo de labores administrativas dejen de ser realizadas por policías para que ellos estén en terreno y que ahora sean asumidas por los municipios.

Los jefes comunales dan más ejemplos. "Que en un accidente de tránsito, si ahora van cuatro carabineros al incidente, que ahora vaya solo uno, acompañado de tres funcionarios municipales, para que los otros tres policías puedan dedicarse a tareas relacionadas al control de la delincuencia", detallaron.

También se plantea la posibilidad de que la seguridad municipal pueda realizar controles vehiculares u otras labores de fiscalización, para lo cual también se les otorgaría más elementos de seguridad, como chalecos antibalas e instrumentos disuasivos, pero sin incluir el porte de armas.

Para ello, desde el Gobierno plantearon distintas alternativas. Lo primero, es generar mayores recursos para los municipios para que puedan aumentar su dotación de funcionarios, lo cual será revisado por el subsecretario Cataldo.

Tal como señaló la alcaldesa Leitao, el financiamiento provendría de la ley de royalty. Asimismo, se crearía un régimen legal nuevo para los funcionarios de seguridad y un órgano operativo que supervisaría su accionar. También se planteó la necesidad de levantar un Registro Nacional de Seguridad Pública, para tener claridad de cuántas personas y quienes son los que cumplen esas funciones en los municipios.

De hecho, hoy en día, las asociaciones no poseen un catastro de la cantidad de funcionarios que hoy cumplen labores preventivas. De lo que si están seguros es de que al menos el 50% de todos los municipios de Chile tienen más guardias de seguridad municipales que efectivos de Carabineros. Por ejemplo, el caso que se expuso en la reunión con Monsalve, Vergara y Cataldo, es que en Caldera, hay 58 funcionarios municipales de seguridad pública, versus 36 carabineros.

"Esa es la realidad en todos lados", afirman, destacando que al darles mayores atribuciones se aumentará la vigilancia en los territorios.