La presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas Vargas se reunió con jueces de policía local y representantes del Servicio Electoral (Servel) para abordar el impacto que está generando en estos tribunales el ingreso de denuncias de quienes no sufragaron en el plebiscito de salida del proceso para cambiar la Constitución, realizado en septiembre del año pasado.

El Servel estimó que -a nivel nacional- son alrededor de 2 millones de infractores, de los cuales más de 150 mil tienen residencia en la Región del Biobío.

“Esta reunión de coordinación nació de un interés conjunto de los jueces de policía local y del Servel en cuanto a la masiva cantidad de denuncias que tuvo que hacer el órgano electoral respecto de los votantes que no acudieron a la última elección. En toda la región son más de 150 mil denuncias, por lo tanto, podíamos elaborar criterios conjuntos de orden administrativo para que esta masividad de denuncias pudiera ser tramitada sin afectar el resto de las funciones que ya tienen los juzgados de policía local, entendiendo que incluso en alguno de ellos esto significa duplicar sus ingresos”, detalló la presidenta del tribunal de alzada penquista.

La ministra Rivas explicó que en la reunión aparecieron varias ideas, incluso tecnológicas, que permitirán facilitar la tramitación de estas causas y que se llegaron a algunos puntos de acuerdo. No obstante, reconoció que esto tendrá un gran impacto en los juzgados de policía local: “Ellos carecen de los recursos para esta tremenda cantidad de tramitación y también son escasos para la notificación de los infractores. Tenemos que reconocer que la función se va a volver bastante dificultosa por el número de denuncias y los costos que significan los trámites de notificación”.

Carlos García Hernández, jefe de asesoría jurídica del Servel, mencionó que cada juzgado tiene una realidad totalmente distinta respecto a recursos humanos y financieros y por eso era importante hacer la reunión. “Son más de 30 juzgados de policía local en esta región y no solo hay que abordar el proceso que ya pasó, sino también conforme a las reformas constitucionales, el voto obligatorio está presente en un proceso electoral de mayo de este año”, proyectó.

Finalmente Juan Eduardo Toledo, director regional del Servel, valoró el encuentro: “Felicitar la iniciativa de nuestra ministra de la Corte y la asistencia de todos los magistrados. Ello ha permitido y con mucha claridad despejar algunas dudas que existían y creo que hemos dado un buen paso. Afortunadamente la petición es algo que podemos enfrentar y estamos esperando la formalización de este primer piso de conversaciones que tenemos con los magistrados”.