Poco más de cuatro meses han pasado desde que el Presidente Gabriel Boric anunció desde la Región de La Araucanía su decisión de convocar a una Comisión por la Paz y el Entendimiento entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, con el objetivo de determinar con claridad la demanda de tierras y dar solución al conflicto indígena.

"Esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes", dijo el Mandatario el pasado 11 de noviembre desde Villarrica, destacando que el objetivo de la instancia era recoger recomendaciones nacionales e internacionales y proponer al país “mecanismos concretos, con plazos concretos, para saldar y reparar esta deuda”.

Sin embargo, y pese a que el propio jefe de Estado manifestó en esa oportunidad que su voluntad era que la comisión empezara a funcionar en marzo de 2023, hasta ahora no han existido luces sobre cómo operará y qué estrategias desarrollará para convocar a todos los actores involucrados desde el Biobío hasta la Región de Los Lagos. De hecho, muchos pensaron que el objetivo del viaje que Boric agendó a La Araucanía para el lunes 13 de marzo era la presentación del consejo.

Sin embargo, esa visita se suspendió y quedó programada para abril, mes en el que el gobernante pretende dar a conocer a los miembros de la instancia y sus tareas específicas. No obstante, en los últimos meses, el Ejecutivo ha concretado una silenciosa tarea para preparar el inicio el trabajo, la cual ha estado a cargo del psicólogo Víctor Ramos (CS), quien fue descrito por el Presidente como "una persona de mi plena confianza" y que ha desplegado una intensa labor en terreno como comisionado presidencial.

En ese contexto, el profesional, que también está a cargo de coordinar del Plan Buen Vivir, la iniciativa que pretende hacer efectiva la inversión del Estado en la macrozona sur, ha recorrido junto a los equipos de las delegaciones buena parte del territorio en conflicto, abriendo el diálogo que permita dar sustento a la Comisión.

Ramos señaló al respecto que "desde que iniciamos el trabajo del Plan Buen Vivir, en que hacíamos diálogos territoriales que seguimos haciendo, nosotros siempre observábamos que al centro del malestar de las comunidades, la mayoría de las veces, existía un problema con el tema de la tierra". "Observamos también que en el gobierno anterior se había congelado la restitución de tierras, y al mismo tiempo, escuchábamos a los actores políticos y empresariales de la zona, principalmente los agricultores, que viven con un temor de no tener una seguridad total de lo que poseen, una tenencia jurídica de la tierra", agregó.

En esa línea, destacó que "le preguntábamos a cada uno de esos actores por separado si creían que el otro iba a estar disponible a sentarse en un espacio a dialogar para ver cómo se resuelve políticamente esto y todos decían que era imposible que el otro estuviera disponible".

"Eso lo llevamos al comité político y fuimos los que impulsamos que el mejor aporte que podía hacer este gobierno a esa zona tan golpeada por tanto tiempo, era dejar sentadas las bases para una solución de largo plazo, que es como en otros países se ha tomado, abriendo un espacio de negociación política", indicó.

Los preparativos

Según Ramos, hasta ahora, "la comisión va tomando forma de a poco, con una idea que puede ser la fórmula que a todos los actores le haga sentido de poder encontrar salida a este conflicto. Son más de 790 comunidades con el derecho a ser restituidas y el ritmo de restitución está siendo de 20 a 30 comunidades por año".

"Entonces, la Conadi dice que con todo lo que tiene y lo que viene, recién en 70 a 80 años recién se podría restituir todo eso. Entonces, es una bomba de tiempo que hay que resolver de alguna manera y ahí toma forma la comisión y el que como Gobierno podamos producir un espacio que le de confianza a todo el mundo".

Para generar esa confianza, los equipos de gobierno ya han entablado diálogos con distintos sectores. "Hay una sensación, y de hecho lo dicen en reserva personeros de la oposición, de cierto agotamiento por tanta conflictividad de años en la zona, por lo que creo que hay una buena disposición de todas las partes de ceder posiciones", expresó.

"Y creo que es algo que el resto de los actores políticos y también miembros de la sociedad civil o las agencias de desarrollo también perciben", añadió, junto con destacar que "hemos ido a conversar con las embajadas de distintos países, con el sistema de Naciones Unidas, para ir a buscar experiencia".

Por ello, asegura, ya se han reunido con gente de Nueva Zelanda y Canadá. "Desde ahí hemos obtenido algunas conclusiones y creemos que para este caso, jamás vas a poder representar a todos los actores del territorio, ya que el pueblo mapuche es extremadamente diverso y geográficamente tiene distintas identidades", mencionó.

"El lograr representar a cada una de las personas y las identidades que habitan el territorio junto con los empresarios, con las diferentes sensibilidades políticas o gremios, seria terminar con una comisión que haría inviable ser ejecutivos para lograr soluciones", detalló.

En esa línea, destacó que "por eso nos hemos inclinado más en mirar la experiencia de la Comisión de Reconciliación de Canadá, es que fue más ejecutiva, más pequeña y corta. Eran tres miembros, que permiten ir logrando recoger los esfuerzos previos, que es otro criterio que para nosotros es muy importante". "Ahí hay un factor predictor de buenos resultados, cuando uno aparece diciendo que no se le ocurrió todo y que va a partir de cero para construir la gran solución.

Nosotros hemos sido humildes en plantear que recogemos los esfuerzos previos y queremos que en la comisión se expresen de alguna manera", expuso. En cuanto al trabajo principal de la comisión, que será determinar la magnitud del total de tierras en disputa, Ramos asegura que junto a distintas universidades del país "hemos estado sistematizando informes nacionales e internacionales, abordando las diferentes épocas y fórmulas en que el Estado restituyó tierras o las quitó".

"Tenemos que dimensionar cuál es el problema con la tierra y necesariamente vamos a tener un trabajo territorial muy intenso. Ahí los gobiernos regionales van a ser claves, los equipos de gobierno y todo el sistema de archivos sobre tierras, junto con abrir espacios para que las personas puedan ir dejando sus antecedentes", sostuvo.

Características de la comisión

El comisionado también adelantó los criterios que tomará en cuenta el Presidente para designar a los miembros de la instancia. "Tienen que haber personas que tengan un peso político, que hayan representado esfuerzos previos importantes y que tengan una legitimidad para todos los actores", señaló.

Para ello, en el Gobierno han entablado conversaciones con personas que han ejercido cargos de representación popular o que han impulsado esfuerzos de diálogo en las últimas décadas, apuntando a personeros oficialistas y de oposición, así como también a dirigentes de gremios empresariales y representantes del pueblo mapuche.

"La comisión la van a componer un máximo de 7 y un mínimo de 5 integrantes, todavía no está definido, porque eso lo va a ver el Presidente. Pero, luego va a haber un segundo anillo en que van a haber expertos de lado y lado, porque son los que le darán garantías a los diferentes actores territoriales", recalcó.

El objetivo, aseguró Ramos, es que "desde las comunidades mapuche hasta las forestales, los agricultores, todos van a poder sugerir personas que puedan ir recogiendo y revisando antecedentes que existen sobre esta materia. Ya tenemos un compromiso con las universidades para que vayan colaborando en este proceso".

"Desde el anuncio del Presidente nos hemos enfocado a ir dando una estructura de funcionamiento a esta comisión, haciendo una política comparada. Eso fue lo primero a lo que nos abocamos, dónde y cómo funcionó tal estructura, cuáles son los productos que debe tener la comisión, con qué va a tener legitimidad", apuntó.

También destacó que han reforzado "el diálogo territorial con los diferentes actores, recogiendo sus miradas y miedos y estableciendo ciertos límites, hasta dónde llegaría la comisión y en qué lugares va a tener jurisdicción, por decir de alguna manera. Ahí creemos que hemos hecho un trabajo que ha producido cierta articulación".

"Una articulación, por ejemplo, de un mundo intelectual mapuche que ha venido hablando del tema de tierras y poniéndolo sobre la mesa, pero también creemos que hemos logrado una reflexión y una mejor aún disposición de los gremios empresariales para con la comisión", afirmó. El coordinador asegura que también "hemos reforzado mucho el dialogo con los agricultores, con las forestales y el mundo político. Los gobernadores han sido clave y los alcaldes, que son aliados estratégicos muy importantes y quienes son la primera respuesta del Estado.

Ellos tienen un conocimiento situado que es importante recoger". "Todo eso en conjunto con los diálogos que veníamos sosteniendo con el Plan Buen Vivir y que los hemos reforzado. Hay liderazgos en cada uno de los territorios y queremos que sean protagonistas, que puedan sentir que esta comisión también es algo donde van a tener incidencia. Han sido dos o tres meses muy intensos", cerró.