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Crónica
10/04/2023
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantó el ingreso de una ley corta para fortalecer el funcionamiento de la Superintendencia del Medioambiente (SMA), luego de más de 10 años de existencia de la actual institucionalidad en la materia.
Este proyecto, que el Gobierno calcula que llegará al Congreso este primer semestre, está enfocado en reducir los plazos de respuesta y diferenciar entre casos graves y menos graves, con un abanico más amplio de procedimientos.
El mecanismo actual consiste en que, una vez recibida la denuncia, se inicia una fiscalización y el eventual inicio de un proceso sancionatorio, lo cual ha sido calificado como rígido y centralizado, y por lo demás, tiene el defecto de que todas las decisiones se deben tomar a nivel de superintendente.
"Lo que queremos lograr es que la superintendencia sea una institución que nos ayude a que las empresas aumenten su cumplimiento ambiental, más que ser una institución que saque multas", planteó al matutino la secretaria de Estado.
En esa línea, este proyecto apunta a incorporar más instrumentos en tres ejes: incentivos al cumplimiento, eficiencia y eficacia de la fiscalización y sanción, y medidas de descentralización en la toma de decisiones.
En cuanto a la descentralización, se propone otorgar mayores facultades a las oficinas regionales de la SMA, al punto de que sus directores puedan incluso resolver sanciones administrativas a nivel regional, según la minuta interna de la reforma.
El texto también incluye un "procedimiento sancionatorio simplificado", que permite tomar medidas inmediatas o "correcciones tempranas" respecto de situaciones de menor entidad.
La idea es que, tras el análisis inicial de una denuncia, se identifique de inmediato si es un caso que no requiere un procedimiento sancionatorio y en el que se puedan tomar medidas correctivas tempranas e inmediatas, para así poder agilizar las respuestas.
Asimismo, hace cambios a los tres mecanismos que usan las compañías cuando presentan algún incumplimiento de sus compromisos ambientales, que son la autodenuncia, los programas de cumplimiento y los planes de reparación.
La cartera sigue en constantes reuniones con la Dirección de Presupuestos (Dipres) para elaborar el informe financiero que acompañará a esta reforma legal, pues requerirá elevar el financiamiento.
