Las comisiones de Libertad Condicional, instancias en las cuales se revisan estos requerimientos, aceptaron sólo el 7 por ciento de las solicitudes durante abril, el registro más bajo de los seis últimos años.

Según se detalló, las 17 cortes de apelaciones del país revisaron 5.427 solicitudes de libertad condicional, de la cuales se acogieron 380 (7 por ciento): la Corte de Coyhaique, con 9 de 22 solicitudes acogidas, es la que más libertades otorgó; mientras que la instancia de Santiago fue la que menos aprobó, con sólo 0,6 por ciento (de un total de 1.891 requerimientos).

Cabe recordar que estas comisiones, que sesionan dos veces al año -abril y octubre-, están compuestas por un ministro de Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia, quienes se regulan por una norma que está desde 1925 pero que ha sufrido una serie de modificaciones, la última se dio 2019 tras las críticas que sufrió el sistema por el femicidio de la adolescente Ámbar Cornejo.

En ese caso, el homicida, Hugo Bustamante, había recibido la libertad condicional en 2016 luego de haber sido condenado por un doble homicidio. Tras este hecho, la norma se actualizó con la introducción de la Ley 21.124.

"La baja es muy significativa el segundo semestre del 2020, cuando ya se estaban aplicando esos requisitos, pasamos del 48 al 19 por ciento y ahí en adelante ha sido un 14 por ciento y un 11 por ciento, entonces el número ha sido ostentosamente menor en comparación a lo que existía con anterioridad", destacó a La Tercera el ministro de Justicia, Luis Cordero.

El secretario de Estado explicó que "el factor que probablemente mejor explica esta disminución de la libertad condicional es la modificación legal que aumentó las exigencias y en consecuencia ha ayudado a las comisiones de Libertad Condicional a ser más estrictas en el otorgamiento de las mismas".

TRIBUNALES DE EJECUCIÓN DE PENAS

El secretario general de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Alejandro Vera, advirtió que la legislación respecto a las libertades condicionales tiene falta de claridad en algunos aspectos, entre ellos que sea considerado un beneficio y la ambigüedad de los términos establecidos para la comisión.

Ante esta situación, aseguró que los cambios en la legislación "facilitarían mucho quitarle estas ambigüedades que hoy tiene la ley, que quedan obviamente a criterio o interpretación, porque cuando la ley es ambigua, las interpretaciones son mucho más grandes; cuando la ley es más específica y más concreta, obviamente la interpretación se reduce, por así decirlo".

Vera señaló al medio antes citado que es necesario avanzar en la creación de tribunales de ejecución penal, medida que permitiría la participación de más actores en el proceso y que es trabajada por el Gobierno para poder concretarla.

"Ahí el Ejecutivo está haciendo el esfuerzo y en la actualidad estamos en la evaluación del impacto financiero que esta función implicaría. Esta es una combinación a la regulación a la libertad condicional, pero sobre todo la existencia de jueces exclusivamente dedicados a la ejecución de penas, que en algún sentido permitiría tener un mejor monitoreo y seguimiento de todos los aspectos que están vinculados al otorgamiento de beneficios penitenciarios", destacó el ministro Cordero.