Luego de trabajar durante 2022 junto a organizaciones de mujeres, comisiones del Senado y expertos en el tema, el gobierno reactivará la tramitación del proyecto de ley que reforma el régimen de sociedad conyugal.

El proyecto ha tardado 16 años en materializarse, luego de que en 2007 el Estado de Chile suscribiera un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Sonia Arce Esparza, quien denunció la discriminación que vivía porque el ordenamiento jurídico, por el hecho de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso fue, precisamente, la promulgación de una ley que reformara el régimen de sociedad conyugal.

En marzo de 2013, el proyecto fue despachado por la Cámara Baja para continuar con su segundo trámite constitucional ante el Senado. Y una vez creada la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el 26 de octubre de 2018, la Comisión de Constitución le traspasó este proyecto de ley, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional.

Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que la CIDH instó en marzo al Estado “a concretar una hoja de ruta con plazos para dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa, debido a que han transcurrido más de 15 años desde el acuerdo, sin que este se haya cumplido”.

Y según indicó la cartera, la tramitación se retomará la semana del 8 de mayo, mes durante el cual se recibirá en audiencia pública a los expertos, además de acoger nuevas indicaciones en un plazo que se extenderá hasta el 6 de junio, con el objetivo de comenzar a votar en particular los artículos del proyecto.

“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, dice la ministra Antonia Orellana.

Y añade: “Entre otras modificaciones, destacamos la indicación para que la administración de los bienes sea conjunta entre los cónyuges y ya no solo potestad del hombre. De esta forma, si conseguimos despachar las modificaciones a ley, estaríamos dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, que es una obligación que tenemos como Estado. Y confiamos en que así será”.

Desde Corporación Humanas, que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representan a Sonia Arce ante la CIDH, la abogada y directora Camila Maturana consideró muy importante que se reanude el debate, “pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges”.

Respecto a la lenta tramitación que ha tenido el proyecto tras el compromiso adquirido ante la CIDH, Maturana agregó que “desde Corporación Humanas esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.

Indicaciones

Desde el MinmujeryEG sostienen que muchas de las indicaciones que se presentarán “son fruto del trabajo de la administración anterior en la materia, a lo cual este gobierno le ha dado continuidad”.

Entre estas se cuentan mantener la sociedad conyugal como régimen supletorio del matrimonio, porque se funda en el principio de solidaridad patrimonial entre los cónyuges, lo cual es una figura virtuosa; que la administración de los bienes sea conjunta, de ambos cónyuges, terminando con la arbitraria discriminación que ha afectado a las mujeres, y terminar con el haber relativo, que está conformado por todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal pero que generan para el cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa que se hará efectivo en la disolución del régimen (con la modificación que se propone, los bienes que antes pertenecían al haber relativo pasan a ser unos sociales y otros propios).

También el Ejecutivo busca abordar el tema del patrimonio reservado de la mujer casada, figura que se creó para permitirles administrar aquello que obtienen como fruto de su trabajo. Sin embargo, si ambos cónyuges son coadministradores, entonces no existe fundamento jurídico para mantener dicha figura, sin perjuicio de que existe una legítima preocupación, porque las brechas en igualdad de derechos entre hombres y mujeres persisten.

Aquí, la principal preocupación radica en la protección que se otorga a los bienes inmuebles, particularmente los que se adquieren por subsidio habitacional, especialmente considerando que el 72% de las personas que ahorran para la vivienda son mujeres.

Para reforzar esa protección, el MinmujeryEG ha trabajado con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de la Vivienda para que se pueda reforzar el régimen de bienes familiares, cuyo principal propósito es resguardar aquel bien raíz que es la residencia principal de la familia. La propuesta irá en el sentido de que las casas que sean compradas mediante subsidio habitacional se constituyan como bien familiar.

Continuación del trabajo

En 2018, cuando la administración del Presidente Sebastián Piñera anunció su compromiso para actualizar la norma, la entonces ministra Isabel Plá sostuvo que se trataba de “la más simbólica de las discriminaciones arbitrarias contra la mujer que persisten en nuestra legislación”.

Hoy, Plá aplaude la reactivación de la tramitación del proyecto. “Es una muy buena noticia que el gobierno decida reimpulsar una de las prioridades legislativas para cerrar brechas. Lo que se propone no es terminar con la sociedad conyugal, sino adaptarla al estándar de igualdad frente a la ley entre hombres y mujeres, al que aspira Chile”, dice.

“Se ha intentado al menos en tres oportunidades desde el primer gobierno del Presidente Piñera. Espero que el Congreso esté disponible hoy para ponerse de acuerdo, porque efectivamente hay diferencias en varios puntos, que de ninguna manera son insalvables”, añade.

Plá también celebra “que se mantengan indicaciones presentadas en el anterior gobierno. Fueron planteadas con visión jurídica para terminar con el trato desigual de la mujer, privada de participar de la administración del patrimonio conyugal, y en la protección de la familia y de la propia mujer, cuando eventualmente no tiene ingresos propios”.