Con el objetivo de manifestar sus inquietudes y necesidades en diversas materias, representantes de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) se reunieron con la Gobernadora Regional (s), Sandra Ibáñez, donde dialogaron sobre los proyectos en carpeta y la situación de seguridad de las y los funcionarios de la institución.

En ese sentido, el Gobierno Regional (Gore) mantiene aprobado un proyecto FNDR por $748 millones 704 mil, que al día de hoy supera los $800 millones, para reponer y reparar la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (Usep) de Concepción.

Sin embargo, la licitación se declaró desierta debido al aumento en el costo de materiales, por lo cual, el Gore la someterá a reevaluación a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso).

La Gobernadora Regional (s) Sandra Ibáñez explicó en qué consiste la iniciativa y el compromiso de la institución en temas de seguridad. “Efectivamente este es un proyecto que se encuentra aprobado, pero la licitación que realizó Gendarmería se declaró desierta porque ha habido un aumento de costos, en concreto esta es una iniciativa que está aprobada en alrededor de $700 millones en moneda que al día de hoy son alrededor de $800 millones.

No obstante, tenemos una licitación que dobla ese monto, por lo tanto, le hemos solicitado a la Asociación de Funcionarios que nos puedan colaborar para que desde la Dirección Regional puedan ingresar lo antes posible los antecedentes donde se nos solicite esa reevaluación de manera que nosotros proceder rápidamente a evaluar y posteriormente remitir a Mideso que es donde procede que se haga la reevaluación”.

Jonathan Smith, presidente de Anfup Concepción agradeció la disposición del Gobierno Regional a colaborar en mejorar las condiciones de las y los funcionarios.

“Nosotros le expresamos a la Gobernadora las necesidades y carencias que tiene la institución y que de cierta forma queremos que sean abordadas y necesitamos el apoyo de la Gobierno Regional con unos proyectos que están pendientes, pero hoy está la disposición y eso es súper favorable para todos nosotros.

Esta es una inversión que se va a desarrollar en el grupo especial de funcionarios penitenciarios que es la USEP y que también va en beneficio de las visitas de la población penal porque abordaría también el sector donde ingresan”, manifestó el funcionario.

La Gobernadora (s) agregó que “atendida la importancia que tienen los temas de seguridad para el Gobernador Rodrigo Díaz, hemos ofrecido la voluntad política de poder gestionar un convenio de programación con Gendarmería para abordar distintos temas que son aquellos que nos han planteado, tanto la Dirección Regional como los funcionarios, y que tienen que ver con temas de infraestructura para recintos penitenciarios, telecomunicaciones, seguridad o vehículos blindados. Así como Gore hemos concretado distintas iniciativas, por ejemplo, para Carabineros y la PDI, y hemos comprometido esa voluntad”.

Traslado de reos

Además, en la reunión los asistentes comunicaron su preocupación frente a los últimos hechos de contingencia que afectan al gremio, como el traslado de dos comuneros desde la cárcel de Angol o la ampliación del centro penitenciario emplazado en Concepción.

“En la Octava Región tenemos la capacidad de recibir a cualquier tipo de interno. Sin perjuicio de ello, nosotros aceptamos y cumplimos todas las directrices de la institución.Sin embargo, ello repercute en que cuando llegan estos internos llegan más comuneros.

También pasa con el crimen organizado que cuando llegan líderes de bandas delictuales vienen con sus familias. La preocupación también está cuando lleguen estos 800 o 900 presos más, que tampoco van a llegar solos, sino que con sus familiares y eso va a repercutir no solo en la unidad penal, sino que en la provincia de Concepción”, manifestó el presidente de Anfup Concepción.

Al respecto, Ibáñez expresó que “nos preocupa como Gore y, en eso, voy a replicar lo que nuestro Gobernador ha dicho en términos fuertes y claros, es una situación que nos parece compleja.

Estamos en una situación compleja para la Región, nos parece que no es una decisión correcta, no tenemos condiciones en la Región del Biobío para recibir a reos de alta peligrosidad, asociados a temas tan conflictivos”.