Desde la Comisión de Constitución del Senado fue despachado a la Sala de la Cámara Alta el proyecto de ley titulado como “Desnotarización”, el cual busca reducir la cantidad de trámites o actuaciones que tanto la ciudadanía como instituciones deben realizar ante notario.

Lo anterior responde a la conclusión del estudio y votación, por parte de la Comisión de Constitución, de las indicaciones presentadas al mismo proyecto en su segundo trámite previo al proceso legislativo del plenario.

En ese sentido, y según se informa desde el Senado, el proyecto busca modificar variados cuerpos legales para reducir o suprimir “la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones, gestiones, y también eliminar la exigencia de documentos autorizados en notarías por parte de algunos órganos de la administración del Estado”.

De esa forma, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada por los representantes de la Cámara Alta.

Proyecto de desnotarización

La iniciativa, fue presentada en el 2020 por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera a la Cámara de Diputados y Diputadas, y desde entonces, ha avanzado en sus respectivos trámites legislativos, el cual incluyó la revisión de los 15 artículos propuestos en la moción como también, las nuevas modificaciones hasta la fecha.

En su texto, el cual se haya en el Boletín N°13.535-07, el proyecto es presentado con el objetivo de “modernizar el sistema notarial y registral chileno estableciendo mayores estándares de transparencia, aumentando la competencia, disminuyendo los niveles de discrecionalidad en los procesos de nombramiento e impulsando la incorporación de tecnología que permita a los usuarios un mayor y fácil acceso a los trámites y servicios, agilizarlos, y disminuir sus costos”.

De esa forma, los grandes objetivos del particular van en la línea de la modernización del Estado, en conjunto con agilizar los trámites ciudadanos con sustento en el fortalecimiento y masificación de la firma electrónica. De ese modo, según indica la moción, se busca “disminuir los trámites que se realizan ante o por un notario y facilitar así la vida de los ciudadanos”.

Disminuir la burocracia

El diputado Eric Aedo (DC), comentó respecto al proyecto que “es una buena idea liberar a las personas de algunos trámites que no sólo son burocráticos, sino que además implican costos que se pueden evitar. En ese sentido, el sistema de Notarías, requiere una modernización acorde al siglo XXI y este proyecto apunta a ese objetivo”.

“Hay trámites donde el funcionario de la administración pública ya actúa como ministro de fe, por lo tanto, no es necesaria una firma notarial. También hay trámites que hoy exigen de un papel notarial que no se justifican”, agregó Aedo. Además, indicó que “el proyecto está bien encaminado y se trata de una modernización de nuestro sistema notarial. Es un proyecto sobre el cual ha existido un amplio debate y por lo tanto estimo que es una buena iniciativa que va a favorecer a las personas”.

Oferta y demanda

El senador de la República, Enrique Van Rysselberghe (UDI), explicó que este proyecto podría traer beneficios en la disminución de precios de los tramites, comentando que “el proyecto es necesario y va en la línea correcta, ya que no sólo facilita al ciudadano el acceder a certificados o acreditaciones sin tener a acudir a una notaría, sino que además le incorpora competencia a este mercado, lo cual debiera implicar una baja de precios considerable”.

Explicó que con el mundo de la digitalización, existen una serie de documentos y certificados a los que se puede acceder en línea, pero que muchas veces deben ser validados en notarias lo que, para el senador, ha perdido sentido con el transcurso. “Yo dejaría las diligencias notariales sólo a aquéllas que son estrictamente necesarias o imprescindibles”.

“La única aprehensión que podría tener es asegurar que las personas, particularmente de sectores rurales o de comunas alejadas de los grandes centros urbanos, tengan real acceso a las alternativas propuestas para obtener certificados o validaciones de sus documentos, de manera que no estemos haciendo un cambio que, en la práctica, no tenga utilidad para el ciudadano, especialmente para aquéllos de sectores de perfil rural”, recalcó Van Rysselberghe.

Firma y documentos electrónicos

Dentro del proceso de indicaciones y ajustes que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado accionó antes de despachar el proyecto para su votación, la senadora Claudia Pascal (PC), agregó un nuevo artículo, el N°15, el cual dispone que:

“En todos aquellos casos en que la normativa legal y reglamentaria vigente requiera que un notario autorice la firma estampada en un documento privado, también se podrá cumplir con dicha formalidad por el sólo hecho de que el acto conste en un documento electrónico suscrito por el otorgante o las partes, según corresponda, con firma electrónica avanzada y fechado electrónico, de conformidad con lo previsto en ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

“Por tanto, no quedan comprendidos en esta disposición aquellos actos en que, en lugar de requerir autorización por notario de firma estampada en un documento privado, la normativa legal o reglamentaria exija la comparecencia ante notario para su otorgamiento”.

Además, en el mismo artículo, propone que los organismos del Estado podrán “implementar plataformas electrónicas que permitan a los usuarios operar a través de medios electrónicos para estos fines (…), de conformidad con lo previsto en la ley N°19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”.