El Congreso aprobó y despachó, una esperada ley contra los "delitos de cuello y corbata" y medioambientales; iniciativa apoyada transversalmente y cuya inspiración se encuentra en numerosos escándalos empresariales de los últimos años, como la colusión de las farmacias en la venta de medicamentos, de los supermercados respecto a la carne de pollo, las repactaciones unilaterales de La Polar y el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte del holding Penta.

La normativa "sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente", y modifica diversos cuerpos legales, adecuando las penas aplicables, en pos de "abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico", explicó el sitio web de la Cámara Baja tras el fin de la tramitación.

La nueva ley "deja atrás las 'clases de ética' y pone POR FIN sanciones reales a los delincuentes de cuello y corbata", celebró el presidente de la corporación, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), cuya alusión a los dueños de Penta fue también compartida por otros legisladores.

Mirosevic destacó que la norma forma parte de los 31 proyectos priorizados en el marco del Acuerdo sobre Seguridad, y "mejora la legislación sobre este tipo de delitos para responder efectivamente a ellos, estableciendo sanciones acordes y el comiso de las ganancias, entre otras medidas".

El Gobierno destacó que, con ella, "habrá mayores multas y penas para quienes cometan estos delitos, llegando incluso al efectivo cumplimiento de cárcel en ciertos casos".

Además, "crea los delitos ambientales para proteger el ecosistema", "modifica la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas" e "instaura un sistema especial de penas, inhabilidades especiales y multas para la criminalidad económica".

En el debate los diputados resaltaron que esta ley "establece un sistema de penas que estará acorde a los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde mas les duele", pues "tendrán una pena efectiva y comiso de ganancias ilegítimas".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, valoró que proyecto haya tenido promotores transversales, y recordó que el Gobierno se hizo parte apoyándolo.

El senador Matías Walker (Demócratas) celebró la aprobación y resaltó que la normativa final quedó con una extensión de 640 páginas.