El proyecto de ley que busca reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones, sigue avanzando en la Cámara de Diputados y Diputadas. Según informaciones de la Cámara Baja, la iniciativa está siendo estudiada en su segundo trámite legislativo junto al informe presentado por las Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

La iniciativa, que corresponde al Boletín N°11.632-15, tiene su origen en la moción parlamentaria presentada por el ex senador Guido Guirardi (PPD) y el senador Manuel José Ossandón (RN).

Sin embargo, comenzó su trabajo legislativo en 2018, cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet ingresó el proyecto mediante mensaje. En dicho documento, se expresa que la moción está orientada a “la promoción y protección del derecho del que deben gozar todas las personas para acceder a la red, sin distinciones, o perturbación por parte de terceros”.

En ese sentido, antes de que la Cámara de Diputados y Diputadas comenzará el trabajo legislativo del proyecto, este fue aprobado en el Senado en 2021, obteniendo 29 votos a favor de 43 senadores y senadoras en ejercicio.

Internet como servicio público

Según se expresa en el informe presentado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja, el proyecto busca “reconocer el derecho de acceso a Internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, elevando a aquél como objeto de estos últimos, especificando la obligatoriedad de provisión de tales servicios, y con ello de Internet (…)”.

En ese sentido, y basándose en lo señalado por el mensaje que presentó la ex Presidente Michelle Bachelet, el proyecto que busca actualizar la Ley N°18.168 (General de Telecomunicaciones), tiene dos objetivos en particular: por un lado, busca reconocer el derecho de acceso a Internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones, elevando a aquél como objeto de estos últimos; y segundo, especificar la obligatoriedad de provisión de tales servicios, y con ello de Internet, en el plazo de 6 meses desde la fecha de la solicitud que el interesado presente a la empresa respectiva, salvo que se produjere un caso fortuito o de fuerza mayor que impida al concesionario atender la petición que se le formula”.

Es así como, además de buscar consagrar a la internet como un servicio público de telecomunicaciones, también se estructura la “obligatoriedad de la prestación en zonas de servicios de las concesionarias y la obligación de garantía para otorgar una prestación de servicio continua, de calidad y en las condiciones contratadas”.

En relación al avance del proyecto, la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), indicó que “es positivo en el sentido que hoy contar con un servicio de internet es una prioridad, y quedó más que demostrado con el teletrabajo y la educación telemática que se desarrolló durante la pandemia. En esa línea es importante darle este rango de servicio público”.

“Dado el avance y la penetración del servicio de internet, me parece que regular al respecto, e integrarlo al servicio público de telecomunicaciones es de toda lógica. En la actualidad contar con internet es fundamental para el trabajo diario en prácticamente cualquier actividad productiva y robustecer la legislación vigente, brindándole nuevas herramientas a las compañías a cargo del servicio de internet”, agregó Acevedo.

En esa misma línea, la diputada, Karen Medina (PDG), señaló que “me parece que es una buena iniciativa, sobre todo porque se hace cargo de la urgencia y necesidad que hoy significa el Internet para las personas”, pero no dejó entrever que “me preocupa el tema de la infraestructura que se requiere para llegar con este servicio a todos los rincones del país, considerando nuestra geografía y que hoy hay zonas rurales o extremas donde no hay conectividad”.

De esa misma forma, la diputada, Francesca Muñoz, señaló que, si bien está a favor en general de la iniciativa, “tengo ciertos reparos al proyecto. (…) En primer lugar, considero urgente avanzar en la digitalización y el acceso a internet que permita mayores oportunidades, ya que esto es fundamental para el desarrollo de los países, pero, en segundo lugar, hay muchas familias que tienen molestia y se quejan de la falta calidad en la señal en las ciudades y que decir de la zona rural y del nivel de servicio”.

Plan Digital Nacional

En relación a lo comentado por las diputadas, cabe señalar que el proyecto de ley, dentro de todos los artículos que busca modificar de la Ley General de Telecomunicaciones, la actualización propuesta para el artículo 4 explica que “la instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones se regirá por los principios de universalidad; continuidad; neutralidad tecnológica; compartición de infraestructura; transparencia; eficiencia y no discriminación arbitraria en la asignación y recuperación de los recursos escasos, fundamentalmente el espectro radioeléctrico y la numeración, entre otros”.

En ese sentido, y en base al principio de universalidad, se establecerá un instrumento denominado “Plan Nacional Digital”, el que estará a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile y contendrá, hasta ahora, los siguientes lineamientos: a) Política de uso del espectro radioeléctrico, velando por su uso eficiente y convergente; b) Política nacional de inversiones, fomentando, en alianzas público– privadas, la cobertura de los servicios a nivel nacional; c) Política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva, en condiciones de calidad, a todos los habitantes del territorio nacional; (…) e) Política de accesibilidad universal y esencialidad del servicio, estableciendo mecanismos de promoción o subsidios a fin de proveer progresivamente, a todos los habitantes del territorio, los servicios de telecomunicaciones; entre otros.

Al respecto, el diputado, Eric Aedo (DC), comentó que “como lo he planteado internet es hoy un servicio básico, y esta ley viene a regular aquella situación. Genera obligaciones al Estado y también a los privados que entregan el servicio, teniendo como objetivo dar garantías a la ciudadanía respecto a la continuidad del servicio. Pero también tiene elementos importantes como la sanciones contra quienes atenten contra las antenas o estructuras a través de las cuales se presta el servicio, lo que a partir de esta ley tendrán una condena de cárcel que puede llegar hasta los 5 años”.

Destacó, además, que el proyecto “habilita al Presidente de la República para incorporar por medio de una glosa en la ley de presupuesto del sector público un subsidio a los hogares más vulnerables de modo que accedan al servicio de internet”.

En efecto, el 6 de abril del presente año, el Presidente Gabriel Boric, ingresó un oficio a la Cámara Baja en donde expresa indicaciones para el proyecto que se encuentra en estudio. Entre ellas, se establece que la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá incluir un informe de evaluación de rentabilidad social elaborado por la Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSyF), para que los proyectos subsidiables por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), consideren elementos objetivos para “focalizar y establecer un orden de prelación de los proyectos en la población con menor acceso a servicios de telecomunicaciones”.