Un nuevo flanco se abre para Fonasa en medio de los cuestionamientos y peticiones desde la oposición de la salida de su director, Camilo Cid. Esto, luego, de las acusaciones de Clínicas de Chile, —asociación gremial que reúne a 40 prestadores de salud privados de Santiago y regiones— por una presunta deuda de $382 mil millones que mantendría el organismo.

Esta vez, las acusaciones vienen desde organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza Diálisis es Vida, que agrupa a pacientes, médicos, enfermeras y prestadores, y que entre otras cosas, busca que se asegure la sostenibilidad del tratamiento, el que, según acusan, estaría en riesgo. Incluso, advierten un riesgo de quiebra de los prestadores privados, quienes atienden a más del 90% de los pacientes que requieren estos tratamientos.

El sistema de diálisis en Chile atiende a más de 25 mil personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), y cada año, ingresan más de 5 mil pacientes a tratamiento de hemodiálisis; es decir, un 3,4% de crecimiento anual, mirando la tendencia de los últimos 10 años. En conversación con Emol, François Rius, coordinador general de la Alianza Diálisis es Vida y presidente de la Asociación nacional de Diálisis Independiente (Anadi) — asociación gremial que reúne a los principales centros de diálisis privados en Chile —, detalla que hace más de un año y medio que vienen advirtiendo de este riesgo de quiebra a Fonasa, y hasta ahora, no han obtenido respuesta.

"Los costos de las diálisis están por encima del valor de los aranceles que paga Fonasa y que reajusta año tras año; ya llevamos casi dos años en esta situación, lo que está comprobado con datos objetivos, y vemos que Fonasa no ha tomado la debida seriedad en el asunto", comenta. Esto, plantea Rius, es complejo para los pacientes, puesto que estas terapias se entregan a pacientes con insuficiencia renal crónica en su etapa terminal, "lo que al final les permite mantenerse con vida, por lo tanto, no es sólo un problema económico, es también un problema sanitario".

"El riesgo de esto es el cierre de los centros de diálisis, e incluso, lo que pensábamos hace un tiempo que podía ser un riesgo acotado, con el estudio de costos nos dimos cuenta que era un problema generalizado.

Esto, además trae consecuencias en la calidad de la atención y estrés para los funcionarios", precisa el vocero gremial.

Estudio de costos arrojó 10% de pérdidas durante 2022

Los "datos objetivos" a los que hace referencia Reus están contenidos en el informe "Estudio y costeo: sesión de hemodiálisis, incluye insumos", que se encomendó a la Universidad de Chile a finales de 2022, a petición de los parlamentarios de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El objetivo era obtener un estudio para determinar el costo promedio por sesión de hemodiálisis, en una muestra de 20 centros de diálisis. Esto, con el fin de definir un reajuste del arancel adecuado, el cual se aplicaría en 2023.

El estudio, evacuado en enero de este año, determinó que el costo por sesión de hemodiálisis para el periodo 2022, iba entre $66.999 y $68.055, lo que equivale entre 8,4% a 10,05% por encima del arancel o precio licitado tope vigente en 2022, que correspondía a $61.780. Esto significa que, en el periodo analizado (2022), los prestadores de diálisis funcionaron con un 10% de pérdida en promedio.

Las proyecciones para este 2023, según datos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con un reajuste de remuneraciones en un 10% (bajo inflación) y el precio de insumos en un 15%, el costo por sesión llegaría a $74.373, equivalente a un 20,4% superior al precio máximo licitado vigente hasta el 31 de diciembre 2022.

"Este año, se reajustó el valor en un 10%, pero todavía estamos en un 10% por debajo, considerado que seguimos con un nivel de inflación alto. Lo que nosotros pedimos es que, de cara al inicio de la discusión de presupuesto para el 2024, es que reajuste el valor de la prestación de manera adecuada", precisa Reus.

El valor de ese arancel ponderado, a la fecha, sería en promedio, unos $78.612, comenta el vocero. De esta manera, el arancel para la prestación de hemodiálisis sin traslado en $76.245 y con traslado alcanzaría los $81.225.

El pasado 22 de agosto, el diputado Agustín Romero (Republicanos), durante su intervención en la sesión de Sala de la Cámara, expuso esta situación, y solicitó que se oficie a Fonasa "para que informe las licitaciones realizadas durante el presente año para asegurar la cobertura y atención, así como también, los planes y proyectos para cubrir los costos de esta prestación".

En su intervención, el parlamentario agregó que "Fonasa debe responder a los pacientes que esperan seguir contando con su tratamiento y otorgando un arancel que al menos cubra los costos operacionales que significa esta prestación, y no dejar a los pacientes a su suerte, menos por razones económicas o ideológicas".

Respuesta de Fonasa

Desde Diálisis es Vida acusan que el director de Fonasa, Camilo Cid, les ha negado "todas las solicitudes de audiencia que les hemos hecho llegar" por Ley del Lobby, aunque sí se han podido reunir con otros personeros de institución, como la Jefa de División de Gestión Comercial del organismo, Nancy Dawson, y el Jefe de Comercialización, Rolando Leyton; la última se concretó en agosto de este año.

En la instancia, y con el informe de la Universidad de Chile sobre la mesa, desde el organismo les habrían señalado "que consideran que el problema está resuelto", según relata Reus. Esto, comenta, los deja en una posición de confusión respecto a la real voluntad de Fonasa para resolver la situación.

Desde Fonasa entregaron una serie de antecedentes que darían cuenta de las soluciones que han explorado ante los problemas detectados respecto a los aranceles por la compra de servicios de diálisis a prestadores privados. Desde el organismo recuerdan que en el marco de la ley de compras públicas, Fonasa publicó el 12 de julio 2021 en Mercado Público las bases técnico-administrativas de la licitación para compra de servicios de prestaciones de salud de hemodiálisis y Peritoneodiálisis adultos.

Destacan que el contrato vigente (1 de enero 2022 al 31 diciembre 2024) señala que "los precios ofertados por los prestadores se mantendrán durante cada año calendario de vigencia del contrato, y se reajustarán en forma automática al cabo de ese periodo en el mismo porcentaje de variación del arancel de la Modalidad de Atención Institucional de la Ley N° 18.469, de acuerdo con la aplicación de los inflactores anuales determinados por el Ministerio de Hacienda. En el caso del 2023, el inflactor fue de 6,3%".

"Respecto a los prestadores en convenio, se producen múltiples reclamos por no recibir el reajuste según el inflactor del arancel Modalidad de Atención Institucional (MAI) de un 4,4% que se entregó para el año 2022. Este reajuste no se aplicó porque los contratos iniciaron el 1 de enero 2022 y las bases señalan que debe cumplirse un año calendario", señalan.

Los prestadores reclamaron a la Contraloría General de la República ante la interpretación de Fonasa, cuya fiscalía se pronunció de la siguiente forma: "es del caso señalar que hacer aplicable el reajuste en los términos que se alega, significaría una modificación de las bases, que en este estado del proceso es improcedente y, por lo tanto, la única fórmula sería que se generará un nuevo proceso de compra, es decir, una nueva licitación".

En tanto, desde Contraloría, señalaron que "en mérito de lo expuesto, y considerando, por lo demás, la magnitud del proceso licitatorio y los aspectos que motivaron las modificaciones contractuales, no se advierte reproche que formular en torno a lo obrado por el Fondo Nacional de Salud, en orden a no aplicar el reajuste reclamado, puesto que las bases contemplaron una regla expresa al respecto, que fue conocida por los oferentes desde la publicación de las bases, y refrendaron con su consentimiento al suscribir los respectivos contratos, lo que configura el marco jurídico que actualmente corresponde respetar por parte de la Administración y los proveedores, tanto para el cumplimiento de las obligaciones como para exigir los derechos".

Fonasa también hace mención al estudio de costo encargado a la Universidad de Chile, "el cual entregó como resultado una media de costo para la prestación hemodiálisis por sesión de $66.999 con traslado incluido", indican.

El citado documento, al que accedió este medio, señala que "de acuerdo con la información recibida (sin aplicar correcciones) el costo promedio de una sesión de hemodiálisis incluye insumos es de $74.511, con una desviación estándar de $29.763, lo que representa una dispersión del 39,9%. Al corregir la información que presenta inconsistencias y aplicar estándares de uso cuando corresponde, el costo de la sesión es de $66.999 con una desviación estándar de $9.722 y una dispersión de 14,5%".

Desde Fonasa hacen hincapié en que en dicho estudio se tomó en cuenta a solicitud de los prestadores: "el efecto de la acreditación, cambios en el nuevo reglamento, efecto pandemia por covid-19. Además, a solicitud de Fonasa, se consideró el valor del mejor estándar posible, además de un plus del valor en el traslado para reconocer la diversidad geográfica del país". Con fecha 12 de abril 2023, se publicó en el diario oficial, la modificación a la resolución exenta N° 127, de 16 de febrero de 2023, que aprobó el Arancel del Régimen de Prestaciones de Salud del Libro II del DFL N° 1/2005, del Ministerio de Salud, en el cual se redefine la prestación "Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)", código 1901028, desagregando la prestación en: "con y sin traslado".

En el caso de incluir traslado, el costo se fijó en $73.270, y sin traslado, de $68.560. "A partir del pago del mes de abril de 2023, considerando efecto retroactivo desde el 1 de enero 2023, se hace efectivo el reajuste de arancel", señalan desde Fonasa. No obstante este nuevo arancel, el organismo señala que se vieron en la obligación de "aplicar lo que determina el contrato, que es aplicar sobre el precio adjudicado por cada prestador, la variación porcentual del inflactor MAI.

Esto en la práctica, si bien mejoró el valor que recibían que era de $ 64.500 por sesión con o sin traslado, a $65.669 sin traslado y $70.180 con traslado", señalan. De todas forman, aclaran que para adelantar una solución más definitiva a los problemas detectados, especial el del precio, con el objeto de nivelarlo al arancel MAI, "Fonasa buscó como solución la posibilidad de generar un proceso de cese de los contratos por mutuo acuerdo", y para ello aplicó una encuesta a los prestadores el día 14 de junio. En la encuesta participaron 228 centros (115 prestadores), de los cuales 195 centros (86 prestadores) respondieron.

De ellos, 57 centros (36 prestadores) rechazaron la opción de realizar una nueva licitación (31,3%); 138 centros (50 prestadores) sostuvieron que sí apoyaban una nueva licitación (43,5%); y 33 no respondieron (29 prestadores), equivalente al 25,2%. "En vista de que más de un tercio de los prestadores señala no estar de acuerdo con adelantar la licitación, Fonasa se ve imposibilitado de usar la causal mutuo acuerdo.

Por lo tanto, por el momento, mientras se exploran otras alternativas que permitan realizar lo antes posible otro proceso licitatorio, Fonasa está modelando las nuevas bases, las que entrarían en vigencia en enero 2025", cerraron desde Fonasa.