Con las firmas de RN, Evópoli, el Colectivo del Apruebo y el Colectivo Socialista, el constituyente Cristián Monckeberg (RN) ingresó una iniciativa de norma que crea un "Servicio de Atención a las Víctimas del Delito" en la propuesta de nueva Constitución.

"Existe un absoluto desequilibrio entre quienes cometen los delitos, que son los imputados o delincuentes, que tienen una defensa proporcionada por el Estado a través de la Defensoría Penal Pública, pero las víctimas de la delincuencia adolecen de esa Defensoría de las Víctimas de manera institucional. Lo que queremos es equilibrar las cosas", explicó Monckeberg.

"Así como existe una defensa gratuita de parte del Estado para quien comete delitos, creemos que es absolutamente necesario que exista una defensa gratuita, de buen nivel, de parte del Estado, para las víctimas de los delitos. Hoy eso no existe y queremos dejarlo establecido en la nueva Constitución", complementó.

La norma, además, consagra el "derecho de acceso a la justicia" y establece que "es deber del Estado remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impidan o limiten a todo individuo la posibilidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales para la defensa y el ejercicio de sus derechos".

También que "toda persona tiene derecho a defensa jurídica" y que "la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos".

Además, el texto indica que "todo individuo imputado por un delito tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley".

Otro de los puntos del artículo especifica que el Estado tiene el deber de procurar a las personas naturales víctimas de delitos "asesoramiento jurídico gratuito para el ejercicio de la acción penal y brindarles asistencia reparatoria integral", que estará a cargo del "Servicio de Atención a las Víctimas del Delito".

Por último, deja a criterio de los legisladores "la organización, las funciones y el catálogo de delitos respecto de los cuales procederá la asesoría y asistencia del referido Servicio".

La propuesta está patrocinada por Monckeberg, Hernán Larraín Matte (Evópoli), Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), Luciano Silva (RN), Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo), Geoconda Navarrete (Evópoli), Bernardo Fontaine (Ind. RN), Roberto Vega (RN), Raúl Celis (RN), Ruggero Cozzi (RN), Patricia Labra (RN), Luis Mayol (RN) y Adriana Cancino (Colectivo Socialista).