El fiscal nacional Ángel Valencia instruyó la apertura de una causa penal tras detectar eventuales irregularidades en el proyecto informático interno del Ministerio Público, la Red de Gestión Penal (RGP), la que reemplazaría al actual Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF).

La decisión se da tras recibir un oficio del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien lleva adelante -desde febrero pasado- la investigación administrativa que tiene por objeto determinar el retraso del proyecto RGP.

En el oficio Garrido advirtió "conductas eventualmente constitutivas de delito" por el no cobro de multas de algunos contratos suscritos en la administración anterior y autorización de facturación indebida, entre otros.

Asimismo, Valencia solicitó a la División de Contraloría interna un informe respecto de los hitos relacionados con la ejecución administrativa y financiera de cada uno de los contratos suscritos durante la gestión anterior y, a su vez, contratar una auditoría externa que permita revisar, desde el punto de vista de las técnicas informáticas, el desarrollo de la RGP.

Ante esta situación, el fiscal nacional citó a una reunión a los persecutores regionales para informar la decisión tomada.